Así es el nuevo paquete de medidas en Francia contra la inflación en 2022
El Gobierno de Francia presentó este jueves un proyecto de ley con un paquete de nuevas medidas para compensar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la población, con un coste estimado de 20.000 millones de euros este año.
Estas medidas se suman al llamado «escudo de tarifas» del gas y de la electricidad que se ha prolongado hasta diciembre y tendrá un coste adicional de 15.000 millones.
En el caso del gas, el precio está congelado desde octubre para los particulares, lo que les ha permitido evitar un incremento del 50 % hasta el 1 de julio. Para financiarlo, el Estado tendrá que poner unos 5.700 millones a condición de que la materia prima no suba más.
En el caso de la electricidad, el incremento este año se ha limitado al 4 % para los particulares y las pymes, cuando si se les aplicaran los precios de mercado el incremento hasta ahora habría sido del 35 %. Eso necesita al menos 9.800 millones de euros de dinero público.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, atribuye a este «escudo de tarifas» el hecho de que Francia haya conseguido ser el país con la tasa de inflación más baja de la zona euro (5,8 % en junio).
FIN PROGRESIVO DE LA SUBVENCIÓN A LOS CARBURANTES
La subvención al carburante que está en vigor desde abril va a continuar hasta el 1 de diciembre, pero su cuantía va a disminuir progresivamente. De los 18 céntimos de euro por litro actuales se bajará a 12 céntimos en octubre y a 6 céntimos en noviembre. Al Estado le está costando unos 800 millones al mes.
UNA AYUDA PARA LOS QUE NECESITAN EL COCHE PARA TRABAJAR
La subvención al carburante de la que se están beneficiando todos los conductores será sustituida por una ayuda selectiva para los asalariados y autónomos que necesitan el coche para trabajar a condición de que formen parte del 50 % de la población con los ingresos más bajos, es decir, potencialmente once millones de hogares.
La ayuda, de entre 100 y 300 euros, estará modulada en función del nivel de ingresos y de la composición de la familia, con una prima para los que vivan a más de 30 kilómetros de su puesto de trabajo o recorran más de 12.000 kilómetros al año por razones profesionales.
REVALORIZACIÓN DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
Las pensiones, que habían subido un 1,1 % en enero, tendrán una revalorización adicional del 4 % con efecto retroactivo desde el 1 de julio para compensar el aumento de la inflación.
Esa misma revalorización del 4 % se aplicará igualmente con carácter retroactivo desde el 1 de julio a las prestaciones sociales, que habían crecido un 1,8 % en abril.
Ocho millones de familias con bajos recursos recibirán en septiembre una ayuda excepcional de 100 euros a los que se añadirán 50 euros por hijo que permite compensar las dificultades por la escalada de los productos alimentarios.
Las becas de los estudiantes se revalorizarán igualmente un 4 % y los que están en situación más precaria podrán seguir utilizando los comedores universitarios el curso próximo por un precio de un euro por comida. Estas medidas tendrán un costo presupuestario de 7.400 millones de euros.
AUMENTO DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS
Los funcionarios y empleados de las administraciones públicas van a tener un incremento de sueldo a partir de julio del 3,5 %, la mayor progresión desde hace 37 años. Eso se añadirá a los aumentos del 1,5 % de los que se habían beneficiado en la primera parte del año, con lo que la progresión final será del 5 %. El costo será de 3.700 millones de euros.
SUBE LA «PRIMA MACRON» EXENTA DE COTIZACIONES A 3.000 EUROS
La llamada «prima Macron» exenta de cotizaciones que las empresas pueden pagar a sus empleados como una forma de remuneración al margen del salario, a condición de que su remuneración mensual esté por debajo de tres veces el salario mínimo (por debajo de 3.900 euros netos) podrá ser de hasta 3.000 euros, en lugar de 2.000 euros ahora.
SUPRESIÓN DEL CANON AUDIOVISUAL
El canon audiovisual que pagan 23 millones de hogares (138 euros) y que sirve para financiar la radio y la televisión pública se suprimirá a partir de 2022. Eso beneficiará también a empresas de hoteles, cafés y bares que también debían abonarla. El Estado tendrá que compensar su desaparición con 3.200 millones.
LIMITACIÓN DE LOS AUMENTOS DE LOS ALQUILERES
La subida anual de los alquileres quedará limitada al 3,5 % cuando el índice con el que se calcula su revalorización habría permitido aumentos superiores al 5,5 %.
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