Aumenta la tensión entre el poder legislativo y judicial de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo el domingo que hará respetar las sentencias emitidas desde el poder judicial, días después de que la Asamblea Nacional reincorporara a tres diputados opositores impugnados por fraude, aumentando la tensión entre el poder legislativo y judicial.

El parlamento, dominado por la oposición, juramentó el jueves a tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), electos en el estado Amazonas, a pesar de que el TSJ decidió suspender temporalmente su proclamación ante denuncias de compra de votos en las elecciones de diciembre.

«El máximo tribunal garantiza el respeto a la Constitución y a las sentencias emanadas del Poder Judicial, así como la firmeza en la aplicación de todo lo previsto en el ordenamiento jurídico para mantener la institucionalidad y preservar el Estado de Derecho y de Justicia», dijo el TSJ en un comunicado disponible en su página de Internet.

El TSJ informó que el debido proceso legal contra los diputados está en curso y advirtió que respeta los lapsos legales de la impugnación de las elecciones de diciembre.

La instancia judicial agregó que se encuentra en la etapa de la recolección de las pruebas, que afirma, es fundamental para dictar una sentencia.

En enero, la Asamblea Nacional desaforó a tres de sus diputados, en un intento por destrabar el conflicto entre el poder legislativo y el judicial, luego de que el TSJ declaró que las decisiones del legislativo eran nulas hasta que su junta directiva revirtiera el juramento a tres diputados.

Sin embargo, al menos hasta julio, no hay una sentencia firme contra los legisladores impugnados.

El tribunal informó que el expediente evidencia que se han desplegado las acciones legales para continuar con el proceso. «En esta etapa se han presentado situaciones que han impedido culminarla por ahora», agregó.

La oposición ha dicho que el máximo tribunal no respeta la voluntad de los electores al ordenar la desincorporación de los diputados electos en diciembre de 2015.

La Procuraduría General dijo el sábado que la actuación de la Asamblea Nacional constituye una acción «inconstitucional y antijurídica», luego de afirmar que el «desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil».

La coalición opositora también activó un proceso para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie este lunes los resultados de la primera fase del proceso.

Esta última pelea institucional se suma a las tensiones que enfrenta una recesión económica por tercer año consecutivo, la inflación más alta del mundo y enormes filas en los comercios para adquirir alimentos.

«Para salir de la crisis es necesario salir del gobierno porque el gobierno es la crisis. Y punto», escribió el domingo el presidente de la Asamblea, Henry Ramos, en su cuenta en la red social Twitter.

En la última década, la máxima corte del país no ha fallado contra el Gobierno, y desde que la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional, la instancia judicial ha bloqueado la mayoría de las decisiones del parlamento, excepto un visto bueno a una ley de bonificación y medicinas para pensionados y jubilados.

Con la juramentación de los tres diputados, la oposición suma 112 escaños, dos tercios de los 167, que le permite modificar y sancionar leyes, así como designar cargos en los poderes públicos, como el TSJ y el CNE, y convocar a una Asamblea Constituyente.