Autoridades de Cuba denunciadas por esclavitud ante la Corte Penal Internacional

El expresidente de Cuba Raúl Castro y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, entre otras altas autoridades de la isla, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por «crímenes de lesa humanidad de esclavitud», anunciaron el martes en la OEA las entidades que presentaron el caso.

La asociación española Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la ONG cubana Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) radicaron la semana pasada la denuncia ante la Fiscalía de la CPI, que ya acusó recibo formal de la petición, dijeron representantes de CPD en rueda de prensa en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Castro, Díaz-Canel y los ministros cubanos José Ángel Portal (Salud), Rodrigo Malmierca (Comercio Exterior), Bruno Rodríguez (Relaciones Exteriores) y Margarita González (Trabajo), fueron denunciados por «crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», dijo Javier Larrondo, fundador de CPD, y cofundador y representante para la Unión Europea (UE) de Unpacu.

Larrondo dijo que la denuncia también fue remitida a diversos comités y organismos de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que acogió la conferencia en el marco de su ofensiva lanzada en diciembre pasado para dar «visibilidad» sobre la «dictadura» cubana, advirtió sobre la normalización de una situación que supone «sufrimiento y angustia».

«Decenas de miles de personas son obligadas a vivir en el exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia y la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune», dijo.

– «Control y medidas represivas» –

La demanda presentada ante la CPI refiere a las llamadas «Misiones de internacionalización» implementadas por La Habana desde hace décadas, por las cuales médicos y otros profesionales son enviados por periodos de tres años a trabajar en diferentes países, que pagan directamente al gobierno cubano por los servicios recibidos.

Cuba, bajo mandato comunista desde 1959, impone severas condiciones a quienes participan, quienes no lo hacen voluntariamente, según el documento de 350 páginas presentado ante la CPI y divulgado este martes.

El texto detalla «sometimiento, control y medidas represivas» por parte de las autoridades, así como retención de al menos 75%, y hasta 89%, del salario de los profesionales, separación familiar forzada, amenazas, acoso sexual, violencia «frecuente», adoctrinamiento político y obligación de hacer proselitismo.

Cuba no es firmante del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI en 1998, pero los demandantes aseguran que la Corte tiene jurisidicción sobre los crímenes de lesa humanidad que atribuyen a las autoridades cubanas, porque éstos ocurrieron y ocurren en países que sí son miembros.

En los últimos tres años, al menos 58 Estados Parte del Estatuto de Roma acogieron «misiones» cubanas, de acuerdo con la demanda.

La gran mayoría son latinoamericanos, africanos y caribeños, pero también hay cinco de la UE (España, Italia, Portugal, Suiza y Malta).

Según los más de un centenar de testimonios recabados para la demanda, las «misiones» están compuestas por entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales (médicos, profesores, ingenieros, marinos, deportistas) y tienen lugar en un total de entre 65 y 100 países cada año.