Avanza el proyecto de ley que flexibiliza régimen petrolero en Brasil

El proyecto de ley que flexibiliza el régimen petrolero en Brasil y limita los privilegios de la estatal Petrobras como operadora única en los yacimientos más ricos del país avanzó hoy en la Cámara de los Diputados.

El proyecto de ley es impulsado por aliados del presidente interino Michel Temer, con la oposición de los partidos de izquierdas, ya ha sido aprobado por el Senado y hoy fue refrendado por una comisión de diputados, como paso previo a su votación en el pleno de la Cámara baja.

Las nuevas normas preven poner fin al régimen que garantiza a Petrobras ser operadora única y le obliga a tener la participación de al menos 30 % en la explotación de las gigantescas reservas del presal, descubiertas en aguas muy profundas del océano Atlántico.

El texto, sin embargo, establece que Petrobras tendrá preferencia a la hora de operar el bloque, por lo que será la petrolera la que decida o no dicha responsabilidad.

Si decide ser la operadora, se mantendrá la obligación legal de que la compañía estatal tenga una participación mínima de un 30 % en el consorcio.

Las graves dificultades financieras que atraviesa Petrobras, que han llevado a la empresa a emprender un plan de venta de activos, puede contribuir a abrir la explotación de los yacimientos del presal a petroleras extranjeras.

El proyecto de ley también mantiene el régimen de producción compartida en los yacimientos del presal, que obliga a las petroleras parte del crudo, además del pago de regalías.

Este régimen de producción y los privilegios de Petrobras fueron aprobados por ley en 2010, durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, como una medida para aumentar los beneficios que el Estado percibe por la explotación de petróleo.

El único yacimiento que se ha subastado en el presal es el campo de Libra, el mayor del país, con reservas de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo recuperables.

La explotación del yacimiento fue otorgada en 2013 a un consorcio formado por Petrobras (40 %), Shell (20 %), Total (20 %) y las petroleras chinas CNPC (10 %) y CNOOC (10 %).

Las vencedoras pagaron 6.900 millones de dólares en la licitación, el valor mínimo exigido por el Gobierno, por los derechos de explotación del campo durante 35 años.