Bachelet cuestiona decisiones del TSJ y denuncia más de 2.000 muertes en operativos de seguridad

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que continúan graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, entre las que destacan 711 muertes en zonas marginales entre junio y agosto, como resultado de «operativos de seguridad», de manera que la entidad ha documentado más de 2.000 decesos por esta causa en ocho meses.

La funcionaria cuestionó decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obstruyen libertades cívicas y políticas, como el nombramiento no consensuado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y modificación de directivas de partidos políticos sin participación de sus militancias. «Es crucial que en próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático».

Bachelet insistió en que las elecciones parlamentarias deben ajustarse a estándares internacionales de transparencia.

Igualmente, enfatizó que el impacto de la pandemia de Covid-19 en el país se ha sumado a otras emergencias preexistentes como la alimentaria. Indicó que la tasa de desnutrición aguda infantil se ubica en un alarmante 15%. «Algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo».

Otra cifra altamente preocupada que señaló Bachelet en su actualización oral de su informe sobre los DDHH en Venezuela es que 33% de las muertes por Covid-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta del equipos de protección y agua en los centros asistenciales.

La expresidenta chilena puso el acento en la continuación y agravamiento de la crisis de servicios públicos en el país y en las consecuencias de la grave escasez de gasolina. Instó a una mejora urgente de las condiciones de la población penitenciaria, severamente expuesta a diversas situaciones de riesgo.

Bachelet censuró el «discurso estigmatizante» de las autoridades cuando responsabilizan a los migrantes retornados por la propagación del coronavirus en Venezuela, señalando que esta situación constituye otra violación de garantías fundamentales de esas personas, ya de por sí afectadas por una situación grave.

La comisionada insistió en condenar los ataques contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el país, así como la represión de manifestaciones públicas. Bachelet denunció la aplicación de la denominada «Ley del Odio» como mecanismo para coartar libertades fundamentales.

– Las reacciones –

La representación de Venezuela en la Comisión, que responde a la autoridad presidencial de Nicolás Maduro, fue de rechazo al contenido de la actualización oral, señalando que hay un establecimiento de un «doble estándar» para juzgar la situación de los derechos humanos, según el país de que se trate.

Señaló que el informe atenta contra la soberanía del país e insistió en la politización de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de la colaboración que ha prestado la administración Maduro y el resto de las autoridades a la actividad  de la entidad de la ONU.

Cuba y Filipinas coincidieron con las posturas venezolanas, mientras que otros países como Perú, Alemania, Australia, Canadá, Francia, España, Irlanda, Ucrania dieron respaldo al informe de Bachelet y calificaron de «alarmante» el contenido de la presentación.

Lo cierto es que esta actualización oral constituye un nuevo golpe contra la administración de Nicolás Maduro en el frente internacional, justo cuando el gobierno esperaba que Bachelet moderara el impacto precedente del informe de la comisión de expertos independientes de la ONU que desató una ola de cuestionamientos.

El fiscal Tarek William Saab elaboró un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que, de acuerdo con lo dicho por Maduro, será distribuido a escala global como mecanismo de descargo ante el informe de los expertos, pero ahora, con el discurso de Bachelet, la campaña de defensa se complica aún más.