BID pide seguir con obras en América Latina pese a corrupción

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, pidió este martes a los gobiernos latinoamericanos que se abstengan de cancelar obras de infraestructura pese a las acusaciones de corrupción contra empresas.

Moreno manifestó que en América Latina, producto de las múltiples investigaciones por el pago de sobornos por parte de empresas, las inversiones en infraestructura y obras públicas «se han paralizado».

«Esto es grave porque sin duda necesitamos modernizar nuestra infraestructura para crecer y desarrollarnos más y tener más productividad», añadió Moreno durante un foro en Panamá sobre corrupción en infraestructuras.

A su juicio, en la región se necesita invertir 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, pero en las últimas décadas apenas se alcanza la mitad en promedio de ese porcentaje, por lo que la paralización de proyectos agrava la situación.

Según el BID, en Colombia se ha estimado que las demoras en ejecución de obras pueden costar al país 1.000 millones de dólares en un cuatrienio, mientras que en Brasil los proyectos paralizados por irregularidades totalizan unos 27.000 millones de dólares.

A su vez en Perú, el gobierno calcula que hay obras pendientes de ejecución por valor de 9.000 millones de dólares.

Las declaraciones de Moreno se producen en momentos donde diversas compañías, como la brasileña Odebrecht, han sido señaladas de pagar millonarios sobornos a funcionarios para la adjudicación de obras.

A su vez, varios presidentes latinoamericanos, altos funcionarios y dirigentes políticos han sido acusados de recibir sobornos de la multinacional brasileña.

Moreno sostiene que «la corrupción no debe ser rentable», pero «el problema es que la nulidad de los contratos trae consigo un enorme efecto derrame que castiga tanto a justos como a pecadores».

Por ello, para evitar la cancelación de las obras y el despido de trabajadores, propone buscar «respuestas complementarias a la nulidad que castiguen a los corruptos, pero que también permitan la continuidad de las obras».

Entre las posibles medidas está separar la parte dañada de los contratos, crear códigos de conducta donde sólo las empresas que se adhieran públicamente puedan competir por contratos de obra pública, implementar sistemas de fuertes multas, designar administradores externos a las empresas o la inhabilitación.

También se pueden adoptar regulaciones que remuevan a los máximos ejecutivos de las empresas corruptas, reemplazándolos con veedores judiciales, añadió Moreno.

«Desde luego, esta no es una tarea simple» porque «por un lado, tenemos el imperativo de luchar a brazo partido contra la corrupción», pero «al mismo tiempo que combatimos esa injusticia, tenemos la obligación de no generarle más costos y penurias a la sociedad», señaló Moreno.