Biden firmó un decreto para «traer a casa» a los estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero que implica mejorar el apoyo a sus familias y autoriza imponer sanciones financieras a aquellos que estén implicados.
Se trata por ejemplo de que miembros del gobierno compartan información relevante, incluidos datos de inteligencia, con las familias sobre cómo se encuentra su ser querido y los esfuerzos para garantizar su liberación o vuelta, algo que ya podía hacer en la actualidad.
Además el decreto autoriza a las agencias a imponer sanciones financieras a quienes estén involucrados, directa o indirectamente, en secuestros o «detenciones injustas».
«El uso de sanciones no siempre puede ayudar a garantizar la liberación de alguien, por lo que seremos sensatos y estratégicos en el uso», dijo un funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato.
«Pero las familias de quienes están detenidos son las que mejor conocen los casos de sus seres queridos, y tenemos la intención de prestarles atención, de escuchar sus buenas ideas y recomendaciones», añadió.
– Un nuevo indicador-
«Cuando los estadounidenses son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación», afirmó por su parte el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.
Washington ha introducido también un nuevo indicador, llamado «D», para los países con alto riesgo de que los gobiernos detengan a estadounidenses. Y ha comenzado a señalar el dedo acusador contra seis: Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Birmania.
En Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro y actualmente bajo sanciones, se tiene constancia de 11 estadounidenses detenidos.
Caracas acusa a Estados Unidos de querer atentar contra instalaciones básicas y derrocar a Maduro, a quien Washington no reconoce en el cargo por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y por el contrario considera presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.
Venezuela detuvo en 2021 al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, pero lo liberó en marzo de 2022 después de una reunión entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas.
Luke Alexander Denman y Airan Berry, dos estadounidenses acusados de participar en una invasión marítima a Venezuela, fueron condenados en 2020. Y un exmarine, Matthew Heath, fue procesado por «terrorismo».
Además hay cinco exdirectivos de la petrolera Citgo, acusados de corrupción. Un sexto fue liberado en marzo. Y hace unos días el Departamento de Estado ha confirmado que Venezuela detuvo a otros tres estadounidenses, sin revelar sus identidades.
El indicador «D» se añade al «K», que ya cubre el riesgo de secuestro y toma de rehenes por parte de actores no estatales. Además el Departamento de Estado emite regularmente avisos de viaje sobre destinos que conllevan peligro por consideraciones de seguridad, sanitarias o de otro tipo.
La firma del decreto presidencial llega después de la amplia cobertura mediática de la detención en Rusia de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, acusada de tráfico de droga. Su esposa acusó a Biden de no hacer lo suficiente por ella. La familia del exmarine preso en Venezuela se quejó de lo mismo.
Los sucesivos gobiernos estadounidenses han considerado una prioridad la situación de los prisioneros y rehenes.
Pese a las tensiones por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, el gobierno de Biden alcanzó un acuerdo en abril con Rusia para canjear Trevor Reed, un exmarine encarcelado por presuntamente atacar a la policía cuando estaba borracho, por un piloto ruso condenado por tráfico de droga.
Respecto a Irán, Washington se resiste a resucitar un acuerdo nuclear que languidece a no ser que libere a los estadounidenses encarcelados. Uno de ellos, Siamak Namazi, un empresario condenado por presuntamente intentar derrocar al régimen, lo cual él niega, habló recientemente desde la cárcel para pedir a Biden que garantice su libertad independientemente de la diplomacia en materia nuclear.
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