Boris Johnson negó haber mentido a la reina para suspender el parlamento

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el jueves las críticas provocadas por la publicación de un informe sobre las caóticas consecuencias de un Brexit brutal y las acusaciones de que ocultó a la reina sus motivos reales para suspender el parlamento.

El controvertido primer ministro sorprendió al país a finales de agosto al anunciar que había pedido a Isabel II la suspensión de las labores parlamentarias entre mediados de septiembre y el 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit.

Obligada constitucionalmente a seguir el consejo de sus ministros, la monarca accedió y la suspensión se hizo efectiva el martes.

Johnson justificó su decisión por la necesidad de presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Pero sus opositores denuncian que su verdadero objetivo era impedir que los diputados bloqueasen un Brexit sin acuerdo y no se lo dijo a la jefa de Estado.

¿Mintió a la reina?, le preguntaron los periodistas el jueves.

«¡Absolutamente no!», fue la tajante respuesta de Johnson.

La víspera, una corte escocesa estimó que el consejo dado a la soberana condujo a una suspensión «ilegal». Sin embargo, una corte inglesa dictó lo contrario la semana pasada. Ambas decisiones deben ser examinadas el próximo martes por la Corte Suprema.

Un tribunal de Irlanda del Norte se pronunció también a favor del gobierno el jueves en una tercera demanda presentada en Belfast.

«La punta del iceberg»

En los días previos al receso, el parlamento asestó duros reveses al primer ministro que sufrió una rebelión en sus filas, perdió la mayoría, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir otro aplazamiento del Brexit y denegada su petición de elecciones anticipadas.

Y «si el señor Johnson no hubiese cerrado el parlamento, los diputados lo habrían freído» tras la publicación de un informe según el cual en caso de un Brexit brutal habría penuria de alimentos frescos y medicamentos, afirmó el jueves Tom Brake, del opositor Partido Liberal-Demócrata.

«Este documento es sólo la punta del iceberg», alertó.

Obligado por el parlamento antes de la suspensión, el gobierno de Johnson hizo público el miércoles una síntesis de los informes elaborados en secreto, bajo el título Operación «Yellowhammer» o «Carpintero Dorado», para prepararse a un Brexit sin acuerdo.

Este advierte de perturbaciones en 12 sectores claves, desde el abastecimiento de agua a los transportes y las fronteras, y de la posibilidad de «disturbios públicos y tensiones comunitarias». «Protestas y contraprotestas ocurrirían en todo el Reino Unido y obligarían al uso de una cantidad importante de recursos policiales», agrega.

Reuniones en Bruselas

Hasta 85% de los camiones británicos podrían ver complicado el paso de los controles aduaneros franceses, lo que provocaría una caída de «40% a 60% del nivel actual» de circulación de mercancías en un país que importa muchos de los alimentos que consume.

Estas perturbaciones podrían durar tres meses y impactar en el abastecimiento de alimentos frescos, medicamentos o productos para el tratamiento del agua.

Johnson insistió en que su gobierno realizó preparativos para mitigar esos efectos.

Explicó que la Operación Yellowhammer se basa en «un escenario del peor caso posible, para el que los funcionarios obviamente tienen que prepararse» pero, aseguró, «estamos intentando alcanzar un acuerdo con nuestros amigos europeos y tengo la esperanza de que lo hagamos en torno al 17 o 18 de octubre», fecha del próximo Consejo Europeo.

Su negociador jefe, David Frost, se encuentra en Bruselas desde el miércoles.

«El Reino Unido presentó ideas en materia de aduanas y productos manufacturados y mantuvimos más conservaciones sobre la declaración política» que esboza las grandes líneas de lo que debería ser la futura relación entre ambas partes, afirmó allí un portavoz británico. «Volveremos a reunirnos el viernes», añadió.

Londres anunció asimismo que, a finales de agosto, 1,3 millones de ciudadanos europeos -de los más de 3 millones que viven en el país- habían pedido el «estatuto de residente permanente» para conservar sus condiciones de trabajo y residencia tras el Brexit.