El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelantó la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios, dos días después de que Congreso, dominado por sus aliados, destituyó a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal general.
«El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos», escribió el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del parlamento.
El sábado tras instalarse la nueva Asamblea Legislativa (unicameral), donde los partidos aliados de Bukele tienen mayoría con 61 de los 84 escaños, procedió a destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, y de inmediato nombró su reemplazo.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
También fue destituido el fiscal general, Raúl Melara, y en su lugar fue nombrado, de madrugada, el abogado Rodolfo Delgado.
Los magistrados destituidos y el fiscal Melara, habían sido electos por la anterior legislatura que dominaron los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.
«Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza», subrayó Bukele.
El mandatario también pareció responder a las críticas internacionales sobre intentos de concentración de poder.
«Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas», valoró Bukele.
Por las destituciones de los funcionarios, Bukele recibió la censura del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos humanitarios, entre otros.
El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la «profunda preocupación» de su gobierno «por la democracia de El Salvador», tras la destitución de magistrados.
«Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte», escribió Harris en Twitter.
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