Cabello: 20.000 funcionarios de "fuerzas especiales" están desplegados para "enfrentar amenazas"
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello, llamó a la FANB y a los otros organismos de seguridad a consolidar «un gran bloque de defensa de la paz».
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los diferentes cuerpos de seguridad a consolidar el «gran bloque de defensa de la paz» que representa, aseguró, la «fusión popular-militar-policial», ante las «amenazas» contra el país.
«El que intente meterse con Venezuela, la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen, el problema de ellos va a ser salir de esta tierra», dijo en un acto transmitido por el canal estatal VTV.
Indicó que Venezuela cuenta hoy con 20.000 funcionarios formados en «acciones de fuerzas especiales» que están desplegados en «todo el territorio nacional» y «dotados del mejor armamento para la defensa de la patria».
«No son pocas las amenazas que contra nuestro país hacen cada día desde los distintos lugares del mundo, los enemigos internos y los enemigos externos», aseguró Cabello.
Asimismo, expresó que, en el año 2025, los organismos militares y policiales van a «atacar de raíz cualquier banda de delincuencia organizada que termina siendo usada por el fascismo».
«(Son) instrucciones precisas del hermano presidente Nicolás Maduro, (…) que además de presidente en ejercicio, es presidente electo, y el día 10 de enero, Dios mediante, así será, tomará posesión del cargo de (…) presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por los próximos seis años», agregó el también segundo del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).
El jefe de Estado ha insistido en que el 10 de enero -fecha establecida en la Constitución para la investidura presidencial- acudirá a la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, a jurar como mandatario reelecto para un tercer sexenio consecutivo.
Maduro fue proclamado ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, tras lo que la oposición mayoritaria denunció fraude y reivindicó la «victoria» de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien está asilado en España.
Desde entonces, el país vive una crisis que, según la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y diversas organizaciones no gubernamentales, está marcada por una «persecución» contra dirigentes y activistas antichavistas y por el mayor número de «presos políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI», como lo denuncia la ONG Foro Penal.
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