Cámaras inmobiliarias señalan que costos de aranceles en registros dificultan ventas de inmuebles en Venezuela
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Mérida indicó que a pesar de las dificultades, durante los primeros meses del año hubo un incremento en el número de transacciones
El cierre de negociaciones inmobiliarias en Venezuela se ve obstaculizado por la variación de costos en los registros para calcular los aranceles, según denuncian representantes gremiales del sector.
Fernando Di Geronimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, y Dayana Angulo, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Mérida, alertaron sobre esta situación que afecta tanto a compradores como a vendedores en entrevista con Román Losinski para la emisora Éxitos.
Di Geronimo señaló que la falta de claridad en el cálculo de los aranceles por parte de los registros dificulta la concreción de las negociaciones.
«Hay un alto porcentaje de negociaciones que se caen porque no llegan a ser calculados satisfactoriamente los aranceles en el registro, la gente no hace el negocio y algunos prefieren hacer la venta en privado», señaló Di Geronimo.
En el caso de Caracas, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana destacó que los precios por metro cuadrado en las zonas más exclusivas de la capital oscilan entre 1000 y 2000 dólares.
«En Caracas hay una gran demanda de alquileres, la venta ha tenido su curso normal, hay gente yéndose que vende y gente que se regresa y compra», añadió.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Mérida indicó que en esa ciudad se ha observado un incremento tanto en los precios de los inmuebles como en el número de operaciones durante los primeros meses del año.
Agregó que el segmento de mayor movimiento ha sido el de alquileres de apartamentos para estudiantes, mientras que las ventas de propiedades que superan los 25 mil dólares se han ralentizado.
El metro cuadrado en la mejor zona de Mérida está entre 700 y 1500 dólares, de acuerdo con Angulo.
Angulo también resaltó que la deficiencia en los servicios públicos, como agua y electricidad, representa un factor que desincentiva la inversión inmobiliaria en algunas zonas del país.
A pesar de estas dificultades, la presidenta del gremio merideño afirmó que la actividad inmobiliaria no se ha detenido por completo y que se ha observado un repunte en las operaciones a principios de junio.
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