La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió en La Habana con su par cubano, Bruno Rodríguez, para discutir una salida a la crisis en Venezuela y defender los intereses de empresas canadienses en la isla, bajo amenaza de una ley estadounidense.
«Es de importancia crítica que nuestros dos países se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela y el trabajo que podemos emprender juntos para enfrentarlo», dijo Freeland antes de viajar a Cuba.
El encuentro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, se produjo dos semanas después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó por teléfono con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para abordar el asunto.
Trudeau habló en nombre del Grupo de Lima, que reúne una docena de países de América Latina y Canadá, y destacó el valor que otorgan su país y Cuba «al mantenimiento de elecciones libres y justas en Venezuela y al respeto de su Constitución».
El Grupo de Lima pide la salida de Nicolás Maduro, socio de La Habana, y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A inicios de mayo pidió a Cuba que participe en las negociaciones para una salida a la crisis.
En Twitter, el canciller Rodríguez recordó este jueves el «compromiso permanente» de Cuba «con la solución pacífica de controversias».
La ministra Freeland también dijo que esperaba encontrar vías para «trabajar juntos en la defensa de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas en Cuba», bajo riesgo de demanda tras la activación de una ley estadounidense que estuvo congelada desde 1996.
Como parte del cerco que Washington le aplica a Cuba, la administración Trump puso en vigencia desde mayo el título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que administren bienes confiscados por la revolución de Fidel Castro de 1959.
Las demandas pueden presentarlas estadounidenses o emigrantes cubanos que luego adoptaron esa ciudadanía. Un gran número de empresas europeas así como canadienses tienen inversiones en Cuba en bienes bajo riesgo de demanda.
Cuba asegura que la mayoría de estas propiedades fueron nacionalizadas y pagó un precio por ellas, pero con Estados Unidos no hubo acuerdos.
La gigante canadiense Sherritt tiene una empresa mixta con el estado cubano desde 1995 para explotar los ricos yacimientos de níquel en el este de la isla.
Esa empresa incluye la planta Pedro Soto Alba, en Moa, provincia de Holguín, y minas de níquel y cobalto, que pertenecieron a la norteamericana Moa Bay Mining Company, nacionalizadas por Castro en 1960.
Moa Bay reclama una indemnización certificada desde entonces por 88,3 millones de dólares, sin contar los intereses acumulados. Cuba ha garantizado a Sherritt la estabilidad de sus inversiones.
En su conversación a inicios de mayo, Trudeau y Díaz-Canel también abordaron este tema.
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