Censura y dispersión del precio del dólar

Una política pública que ya es de común aplicación en diferentes ámbitos de las responsabilidades y competencias por parte del sector público y específicamente del Gobierno es el silencio, la omisión de información y de estadísticas, el retraso en la publicación de informes, la censura o simplemente “ir a negro” -no informar, no revelar data y prohibirlo-.

Esto ha estado ocurriendo en el sector salud por medio de la desaparición de informes epidemiológicos así como otros que revelaban la situación de salud en el país. Lo mismo ha ocurrido con los informes y reportes por parte de Pdvsa para hacer pública la situación económica, financiera y operativa de la empresa pública más importante del país. Lo propio se ha hecho con la responsabilidad legal que tiene el Banco Central de Venezuela de publicar las estadísticas económicas del país, dentro de las cuales se encuentra la referida a la inflación tan importante para la toma de decisiones e incluso para fijar cláusulas contractuales en numerosos sectores económicos.

El extremo de estos casos lo representa el (los) del mercado(s) cambiario(s) y el precio del dólar. En Venezuela tal mercado es un mercado “proscrito” y la divulgación de sus precios un ilícito. Sin embargo, el Gobierno ha impuesto un control de cambio, con un tipo de cambio de acceso notoriamente restringido y de precio controlado (mientras en paralelo sigue la inyección de bolívares de alto poder al mercado, cuyo destino resulta en presiones inflacionarias y depreciacionista sobre nuestra unidad monetaria). La respuesta natural a una política o situación como la anterior es que aparezcan mercados paralelos donde se arbitre o se intercambie el bien en cuestión a precios que para oferentes y demandantes hacen posible una transacción voluntaria.

El benchmark o referencia que constituye un mercado en competencia perfecta, si bien hipotético, sirve para orientar y comprender cuáles supuestos y características del mercado resultan vitales y por qué, para alcanzar un sistema de precios sin distorsiones, donde exista una asignación de recursos socialmente deseable y se alcance el máximo bienestar social. En este sentido, cuán incompleto resulta un mercado, cuánta asimetría de información y cuán elevado resultan los costos de búsqueda de tal información, podría determinar lo alejado del resultado que arrojará dicho mercado comparado con el benchmark de mercado eficiente en competencia perfecta.

Salop y Stiglitz lograron explicar, por medio de un modelo de competencia monopolística con asimetría de información y costos de búsqueda, cómo más que dispersión, cierto poder de mercado aflora del hecho de que existan costos de búsqueda y asimetrías de información en los mercados. En un extremo, con un suficiente nivel en los costos de búsqueda y en las asimetrías de información, los oferentes podrían terminar imponiendo precios de monopolio o descremar el mercado. Lo mismo ocurriría en mercados de ocasión, “proscritos”, que no son formales ni recurrentes en el tiempo, donde el oportunismo determina alto precios.

Así las cosas, la prohibición y persecución pública de estos mercados, su destrucción y segmentación, y el incremento de los costos de búsqueda y los transaccionales para hacerse con el bien, puede no sólo crear dispersión en el precio, sino otorgar poderes de mercado no solo producto de las asimetrías de información, sino dada la desaparición o prohibición forzosa de oferentes.

El Gobierno y la voluntarista “Fiscalía General” deberían valorar temas que resultan fundamentales para la eficacia de las acciones públicas.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.