Chile afronta bajo tensión primer día laboral en medio de estallido social

En un ambiente de gran tensión, bajo resguardo militar y con largas filas para abordar los autobuses o comprar alimentos, los chilenos intentan retomar sus actividades este lunes, en el primer día laboral tras las violentas protestas que dejaron 11 muertos el fin de semana.

El número de fallecidos en estas revueltas sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, aumentó a once, al sumar las ocho personas que murieron el domingo, en su mayoría en medio de los múltiples saqueos e incendios que estallaron en varios puntos de Santiago.

«La cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días es 11», dijo a periodistas Karla Rubilar, intendenta (gobernadora) de la Región Metropolitana.

Después de un fin de semana de gran violencia, en el que ardieron varias estaciones del metro de Santiago, supermercados, fábricas y diversos locales comerciales, los chilenos enfrentan este lunes bajo estado de emergencia y resguardo militar.

En Santiago, muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades.

La falta del metro -eje del transporte público, con unos tres millones de pasajeros por día-, era lo que más se extrañaba en esta ciudad de casi siete millones de habitantes, obligados ahora a hacer largas filas para tomar autobuses o acceder a las pocas estaciones del ferrocarril metropolitano abiertas.

La estación La Moneda, a pocos metros de la casa de gobierno -en pleno centro de Santiago- abrió sus puertas pasadas las 07H00 locales (10H00 GMT), permitiendo el ingreso de decenas de personas que esperaban impacientes poder tomar un tren. Varios soldados resguardaban los ingresos, según constató un periodista de la AFP.

«En calma»

«La ciudad está en paz y en calma», afirmó a primera hora el jefe militar a cargo de la seguridad, Javier Iturriaga, tras hacer un sobrevuelo por la capital chilena, y en contraposición a la sonada frase que lanzó el presidente Sebastián Piñera la noche del domingo, cuando afirmó: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso».

En el centro de Santiago se observa gran presencia de militares y policías. Algunas tiendas -las más pequeñas- abrieron parcialmente sus puertas, pero los grandes locales comerciales, la mayoría de los supermercados y centros comerciales iban a permanecer cerrados o abrir parcialmente.

En algunos supermercados, las personas hacían largas filas a la espera de que abrieran sus puertas para abastecerse de víveres. En las gasolineras se observaban también enormes hileras de vehículos para cargar combustible.

La violencia de las protestas, que se iniciaron con fuerza el viernes tras el alza en el pasaje del metro pero que después derivaron en un furioso estallido social, tiene a muchos perplejos, con miedo. Pero también expectantes de los cambios que se pueden venir a un modelo económico, al extremo liberal, que ha remarcado las desigualdades.

«Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones», dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.

Chalecos amarillos

Con dos noches consecutivas de toque de queda tras ser decretado el estado de emergencia en varias ciudades de Chile y cuando cundían los saqueos y pillajes en todo el país, vecinos se organizaron para evitar ataques a sus hogares.

Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendieron sus casas pero también supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie y no fueron vandalizados.

«La idea fue organizarnos e identificarnos entre vecinos por eso nos pusimos los chalecos amarillos. Hubo algunos intentos de robo en el sector», dijo Priscila, una vecina de la comuna de Macul (oriente de Santiago) al canal 24 horas.

Los vecinos, en alianza con fuerzas de orden, realizaron rondas de vigilancia junto a policías y militares que les permitieron salir a las calles pese al toque de queda.

Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.