El presidente del consejo de ministros peruano, Salvador del Solar, sustenta este martes 4 de junio ante el Congreso la moción de confianza solicitada por el gobierno para aprobar sus reformas anticorrupción, que de ser rechazada puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete.
El resultado de este nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado por la oposición, y el presidente Martín Vizcarra, quien carece de partido y bancada parlamentaria, es incierto.
Durante la sesión, el jefe de gabinete explicará en detalle «la cuestión (moción) de confianza» presentada el 27 de mayo e insistirá en que «la voluntad del gobierno es que se apruebe la esencia de cinco reformas» antes del término de la legislatura, dentro de dos semanas.
El optimismo rodea a Vizcarra, quien espera recibir el respaldo del Congreso pese a que es dominado por una mayoría radical populista de derechas que no ha dudado en mostrar los dientes y desafiarlo cada vez que lo cree necesario.
«Confío en que los congresistas van a dar el voto de confianza para que se implementen los cambios y tener una mejor clase política que represente a todos los peruanos», dijo Vizcarra el lunes a la televisora estatal.
– Final incierto –
La cuestión clave es que el resultado de la votación podría dejar en la calle a los 130 parlamentarios, si no aprueban la moción de confianza.
La moción es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas en cuatro meses.
En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa gatillaría su disolución.
El año pasado, Vizcarra amenazó ya con disolver el Legislativo, llevando a los parlamentarios a adoptar una postura conciliadora.
El fragmentado Congreso está dominado por una frágil mayoría compuesta por el fujimorista Fuerza Popular -con 53 legisladores- y otros grupos minoritarios.
Apenas cuatro de un total de 11 bancadas han definido su voto.
Los reflectores están puestos en la mayoritaria Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
En sus filas, algunos estiman que Vizcarra se extralimita en sus funciones, lo que consideran podría acabar en una deriva totalitaria. Pero otros no comparten ese punto de vista.
La bancada del socialdemócrata partido Aprista, aliada de Fuerza Popular, indicó que votará en contra. Sus cinco legisladores denuncian que «pretender disolver el Congreso desnuda una clara agresión golpista y antidemocrática».
La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará también en contra pero con otro objetivo: acabar con la mayoría conservadora.
«Nuestro voto será en contra porque esta mayoría parlamentaria seguirá bloqueando cualquier reforma en beneficio de la gente y blindando corruptos», escribió en su cuenta de Twitter la líder de Nuevo Perú, Verónika Mendoza.
«El Frente Amplio no dará la cuestión de confianza y reafirmamos nuestro llamado al pueblo a exigir el cierre del Congreso y adelanto de elecciones», anotó a su vez dicha agrupación en Twitter.
Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.
También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.
– Última disolución –
Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada Odebrecht.
La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas.
Los roces entre el Congreso y Vizcarra comenzaron el año pasado, pocos meses después de que éste asumiera el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La última vez que un mandatario disolvió el Congreso fue el 5 de abril de 1992. Pero en aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.
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