CIDH critica acciones del gobierno para frenar crisis económica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó las acciones del gobierno de Nicolás Maduro para frenar la crisis económica de Venezuela y recomienda tomar medidas que eviten un daño mayor en la calidad de vida y ejercicio de los derechos socioeconómicos de los venezolanos.
«A la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, se suma una crisis socioeconómica que se ha agravado de manera alarmante en los últimos años», señala el informe de la Comisión publicado este lunes.
La CIDH critica que las declaraciones de emergencia económica no hayan resultado en un mejoramiento de la situación y » han demostrado ser una respuesta inadecuada pues dicha situación se ha mantenido e incluso agravado».
El presidente Nicolás Maduro, acumula dos años gobernando con poderes adicionales gracias a la declaración del estado de excepción y emergencia económica. Sin embargo, como reseña el informe «la crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación».
«Una crisis económica no es per se un justificativo para la inacción estatal (…) aun en situaciones como esta se puede y se debe proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de bajo costo», indicaron.
La CIDH toma en cuenta la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y recomendó al gobierno «optimizar su funcionamiento», al tiempo que denunció las irregularidades que se presentan con este sistema implementado por el gobierno en 2016.
La sugerencia de mejorar los Clap busca que «se garantice de manera más efectiva el derecho a la alimentación, respondiendo a criterios objetivos, y priorizando su acceso a personas y poblaciones en mayor situación de riesgo.»
«La CIDH ha recibido información que indica que estas organizaciones (los Clap) no tienen criterios claros de asignación, periodicidad y productos a entregar, ni se conducen bajo criterios nutricionales», indicaron. También lamentaron la falta de publicación de datos socioeconómicos.
El informe da cuenta de las denuncias sobre «la negativa de vender bolsas de comida de los CLAP a quienes no participaron de los comicios de la ANC (…) y la compra sobreevaluada en un 55% de alimentos provenientes de México», para ese programa gubernamental.
La Comisión también recomienda al gobierno «adoptar medidas para atender la grave crisis económica y social previniendo situaciones de privación o de denegación de derechos, en particular del derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna y otros derechos económicos, sociales y culturales que puedan constituir factores que generan la migración forzada de personas desde Venezuela».
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