La CIDH condena "restricciones al derecho a la participación política" de candidatos opositores en Venezuela
La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las «restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación» de los candidatos a las primarias del 22 de octubre, en las que se elegirá al aspirante que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, y de aquellas personas que «protestan para exigir derechos» en Venezuela.
«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», dijo la comisión, según un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Estas medidas administrativas, impuestas en diferentes períodos, no impiden a los aspirantes presentarse a las primarias por ser un asunto interno de la oposición, pero sí estarían bloqueados para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatos a las presidenciales, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.
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La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».
Por otra parte, la comisión «registró, con especial preocupación, la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales», los cuales se sumaron a los «más de 20» trabajadores detenidos «en circunstancias parecidas» en lo que va de año.
En este sentido, afirmó que las inhabilitaciones y las detenciones «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico», por lo que consideró urgente que el Estado «adopte un compromiso genuino con la democracia (…) levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política».
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