CLAPs: ¿Política Publicitaria y/o Asistencialista?

En el país del disimulo, en el país portátil, en este país de los puentes de guerra temporales para toda la vida, llegó la nueva retórica oficialista: los CLAPs. Para ello, esta nueva propaganda oficial se fundamenta en “grandes” estadísticas de imposible constatación (deliberadamente), así como de material POP –este es el material promocional colocado en las tiendas para captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar- a cargo de especialistas de la venta de sus pautas publicitarias como la empresa Hinterlaces.

Esta compañía asegura, según su portal Web que “53% de la población se ha beneficiado con los CLAPs a lo largo del año 2017”.

Sin embargo, veamos un poco las cifras oficiales –sin soporte alguno- que el Ejecutivo Nacional ha hecho pública sobre el nuevo sistema asistencialista de entrega de alimentos.

El sistema CLAPs se inició -y así lo celebraron, he hizo público el Ejecutivo Nacional- en abril de 2016. Al cierre del año 2016, el oficialismo aseguraba, que a lo largo de esos nueve meses de 2016 se habían entregado 1,6 millones de bolsas CLAPs. Para finales del mes de febrero de 2017, el oficialismo aseguraba que ya el programa acumulaba un total de 5 millones de bolsas y entregas de alimentos. Posteriormente, el Gobierno aseguraba, iniciando marzo que estarían acercándose a las 6 millones de entregas. Esto significa que durante los dos primeros meses del año 2017, a pesar de que enero resulta un mes no sólo estacionalmente flojo, sino muy especialmente deprimido este año, casualmente en lo que a la producción de alimentos y a la entrada de buques en los puertos venezolanos; el Gobierno logró incrementar 375% las entregas de las bolsas CLAPs en comparación a los nueve meses anteriores de 2016.

Tomemos el número de 5 millones de entregas de las bolsas CLAPs, y consideremos los 11 meses de vida de dicho programa, con entregas cada 21 días –aun cuando beneficiarios o vecinos de barriadas populares aseguran que la entrega resulta más distanciada en el tiempo-: esto determinaría 318.471 entregas por periodo, lo que representa sólo el 1% de la población venezolana. Esta sería la “capacidad” y entrega “efectiva” de los CLAPs por periodo de entrega, sin prestar detalles al contenido de las bolsas y si efectivamente durante tal periodo prolongado, alcanza el contenido de las bolsas asistencialistas (recordemos que los productos susceptibles de la política son productos perecederos, consumibles y agotables en el corto plazo, y bienes privados de consumo privado).

Adicionalmente, supongamos que a lo largo de 11 meses, cada entrega haya ido a una persona distinta; sólo el 16,12% habría visto una bolsa en casi todo un año.

Por otra parte, portales Web como El Estímulo han denunciado que de unos 19 productos de las nuevas cajas CLAPs, 17 productos serían importados. Esto significaría que el 89,5% de los productos son de origen foráneo. ¿Qué pasó con la P de la Producción de los CLAPs?

Toda vez que está constituye una política pública, las importaciones son públicas,  realizadas con recursos públicos; numerosas preguntas deberían ser respondidas públicamente en favor de una buena Gobernanza, justificación, eficiencia de la política y accountability de los recursos e instituciones públicas involucradas:

1.- ¿Dónde está el análisis e informe que motive y justifique dicha política, identificando qué se pretende tutelar expresamente? –por ejemplo, ¿se pretende crear dependientes clientelares, o se pretende perfeccionar una política de acceso a alimentos y otros productos de primera necesidad?-.

2.- ¿Por qué un Gobierno tendría que diseñar una política “masiva” de entrega de bienes de consumo masivo, perecederos y bienes privados de consumo privado, por medio de la utilización de recursos públicos en detrimento de la oferta de bienes públicos tan deficitarios en el país?

3.- ¿Cuál es la población target o tutelada con dicha política y por qué?

4.- ¿Existe un estudio que valide cuáles son los productos que deberían conformar dicha política y por qué?

5.- ¿Se ha identificado cuál es la distorsión o falla que pretende ser atendida con dicha política y cuáles son sus causas? ¿Es el problema de acceso a los alimentos, es el de desabastecimiento y escasez, o es la inflación que ha depauperado el poder de compra del bolívar?

6.- Se está actuando sobre los efectos y no sobre las causas de las distorsiones. ¿No existen alternativas de política pública y económica que se dirigirían hacia las causas de los problemas; evitándose actuar parcial, ineficientemente y nunca definitivamente sobre los efectos?

7.- ¿Existe un análisis Costo-Beneficio de dicha política que valide su eficiencia y protección del Bienestar Social?

8.- ¿Por qué las actividades económicas son desarrolladas por el Estado cuando pudieran ser llevadas adelante por el sector privado, enmarcadas en dicha política pública por medio de mecanismos de competencia por el mercado –licitaciones, subasta y licencias-? Esto garantizaría el mejor uso de los recursos públicos.

9.- ¿Cuáles son niveles de subsidios y en base a qué han sido determinados y definidos? ¿Cuál está siendo la política de financiamiento de estos? ¿Se garantiza que la población target sea la efectivamente beneficiada?

La importación de productos –muy especialmente alimentarios, entre otros- que perfectamente pudieran producirse en el país constituye una importación de desempleo, otorgando empleos, negocios y rentas a productores y empresarios foráneos.

Adicionalmente, cuando se importa, y se acude fundamentalmente a mercados spots, se importa igualmente los precios foráneos, que aun cuando ciertamente no estarán afectados por inflaciones como la nuestra,sí  están determinados por el poder de compra de la de,anda en el país exportador. En este sentido, Venezuela, un país en crisis y empobrecido, podría estar yendo a mercados foráneos a adquirir productos que pudieran perfectamente ser generados domésticamente, pagando por estos, precios determinados por niveles de demanda y poder de compra muy superiores al nuestro. Independientemente que alguno de los productos dentro de la política asistencialista de los CLAPs pueda ser entregado con subsidios, el país habrá pagado precios que con seguridad cubrirían los costos para producir dichos productos en Venezuela.

La política de los CLAPs es errada, ineficiente y cuidado, ni siquiera efectista. Con los números mostrados anteriormente, se explica como el alto Ejecutivo Nacional cerró la semana con nuevas amenazas, subidas de tono, de fiscalización, control, regulación y sanciones; porque los CLAPs no llegan a la población y la inflación durante los primeros dos meses del año superaría el 40% -analizada supera el 700%-.

Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London.