Claves de la ineficacia del control de precios frente a la inflación venezolana

Venezuela cumplirá la próxima semana un mes haber puesto en marcha un nuevo mecanismo de control de precios, una medida que, por ahora, ha defraudado las expectativas del Gobierno de Nicolás Maduro, que esperaba el freno de la inflación, y de los analistas económicos, que vaticinaron una severa escasez.

La medida, que vino acompañada del aumento del salario mínimo y de las pensiones en un 60% -aunque estos ingresos apenas representan 2,18 dólares por mes-, afectó a 27 productos de la cesta básica, que desde finales del mes pasado tienen precios acordados con los productores, según dijo entonces el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami.

Además, el Gobierno ordenó la supervisión de las ventas de Alimentos Polar, integrante del Grupo Polar, el mayor conglomerado alimentario privado del país, así como del fabricante de embutidos Plumrose, un importante matadero y la empresa Coposa, del sector oleaginoso.

Pero, ¿cuáles son las claves del fracaso y los efectos inmediatos de estas nuevas medidas?

– La inflación continúa rampante –

El Gobierno esperaba que el control de precios produjera la contención inmediata de la inflación, pero el indicador, donde encuentran expresión las distorsiones de la economía venezolana, mantiene su meteórico ascenso y dificulta la adquisición de productos básicos a quienes no perciben divisas fuertes, como dólares o euros.

«La estrategia seguida por el Gobierno para tratar de estabilizar los precios de ninguna manera puede lograr una estabilización», dijo a EFE el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, al tiempo que auguró el repunte de la inflación en el país.

El mes de abril cerró con una inflación del 80%, lo que rompió la tendencia de dos meses por debajo de los 50 puntos, dejando sin efecto inmediato la medida del Gobierno, con la que buscaba todo lo contrario.

Con ese dato, Venezuela se mantiene en el escenario de hiperinflación en el que entró en noviembre de 2017.

En ese sentido, León apuntó que el Gobierno alimenta la inflación a través de la financiación monetaria de sus gastos, incluidos los más básicos como el pago a proveedores, salarios de empleados públicos y programas sociales.

En otras palabras, se genera dinero sin respaldo para «llenar un hueco fiscal» en vista de la contracción del flujo de caja por la caída no solo de la producción petrolera, sino también de los precios del crudo.

– Un control sin impactos clásicos –

El Gobierno chavista ha puesto en marcha varios controles de precios casi desde su llegada al poder en 1999.

Pero los últimos, entre 2014 y 2018 bajo la Administración de Maduro, provocaron una grave escasez de alimentos básicos y medicinas, lo que dejó en números rojos la popularidad del mandatario.

El año pasado, Maduro viró 180 grados su política sobre controles y permitió a los productores colocar precios según su estructura de costos, además de flexibilizar el uso del dólar, ahora más común en la mayoría de las transacciones en el país suramericano.

El resultado inmediato fue el abastecimiento de los comercios, visto casi como un milagro después de un lustro de una grave escasez que no encontraba alivio ni siquiera en el mercado negro.

Con este panorama, el anuncio de un nuevo control generó temores entre expertos y ciudadanos al pensar en otro período de desabastecimiento, pero casi un mes después, este extremo no ocurrió y los anaqueles de los supermercados siguen llenos.

«El Gobierno aprendió», dijo León al señalar que este nuevo mecanismo de control presenta dos cambios fundamentales frente a los anteriores: establece en dólares los precios máximos de los productos, lo que protege a las empresas de la inflación y garantiza la reposición de inventarios, y reconoce los costos de producción.

«Los precios son similares a los que ya existían, no hubo un intento de reducirlos, algunos de ellos se fijaron incluso por encima de los precios que había en el mercado en ese momento», dijo León.

«(El Gobierno) no intentó bajarlos, simplemente quería estabilizarlos», añadió.

– ¿Ruido o acción económica? –

Para León, el nuevo control es más un «ruido político» que una acción económica real, puesto que no atajará la inflación al no atacar los problemas reales que la causan.

«Es más bien como un discurso de acompañamiento (a los simpatizantes del oficialismo), para decir que (el Gobierno) estaba tomando decisiones, para decir que estaba negociando con el sector privado», explicó.

Asimismo, estimó que la medida se produjo por una «una mezcla de factores», que incluyen el «elemento perceptual» del control del Estado en medio de la disputa que Maduro mantiene con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela.

«El solo anuncio (de control de precios) genera cierto temor de cruzar fronteras (a los empresarios), funciona como un disuasorio de incremento de precios», señaló.

Pero el economista Jesús Casique, un crítico de las medidas económicas del Gobierno de Maduro, dijo a Efe que es probable que las autoridades «se hagan la vista gorda» ante algunas irregularidades, no de los empresarios, sino de los responsables fiscales y monetarios del país.

«Los controles nunca han funcionado y en la visión del Gobierno siempre hay que buscar un culpable: está a la vista que (para el Gobierno) son los empresarios», señaló.

– Un control por ahora inocuo, pero peligroso – 

León señaló que, si bien el control no produjo la escasez y la paralización de plantas que los expertos vaticinaron, no puede decirse que el mecanismo sea positivo.

En tal sentido, dijo que el Gobierno podría, cuando lo estime necesario, apalancar la medida «por la vía del desplazamiento del control cambiario».

En Venezuela rige un control cambiario desde 2003, aunque el Gobierno flexibilizó el mecanismo a finales del año pasado, cuando Maduro suavizó su discurso ante la inevitable dolarización de facto que atraviesa el país y señaló que era una «válvula de escape» que ayudaba a la autorregulación de la economía.

Así, en el país suramericano hay dos marcadores para el dólar: el oficial, que usa el Gobierno para establecer los precios, y el del mercado negro.

Por años, la tasa paralela, que era considerada ilegal, fue varias decenas de veces más alta que la oficial, estableciendo una distorsión en las estructuras de costos de las empresas, lo que aportaba a la escasez.

Sin embargo, ahora ambos marcadores marchan casi a la par, permitiendo a los empresarios y comerciantes fijar precios en la moneda local sin temor a grandes pérdidas.

«Pero la espada de Damocles está ahí», dijo León al indicar que el Gobierno podría radicalizar el control en cualquier momento.

Casique, por su parte, señaló que, a la larga, los controles terminan por crear distorsiones en las economías, y que son enemigos de las libertades económicas y la propiedad privada, dos de los requisitos, dijo, para crear prosperidad.

– Una nueva sentencia a las monedas locales –

León señaló que el control, al establecer los precios en dólares para evitar que la inflación atente contra la reposición de los inventarios, decreta al mismo tiempo una nueva sentencia de muerte a las monedas locales: el bolívar y el petro, un criptoactivo que el Gobierno de Maduro lanzó en 2018.

De acuerdo con el analista, ambas monedas perdieron, en medio de la severa crisis que atraviesa el país, sus funciones básicas: ya no son un medio de pago o una unidad de cuenta. Tampoco sirven para ahorrar.

«(Pero) eso ya lo sabíamos», dijo León al resaltar la dualidad bolívar-dólar que experimenta el país, y que es un quebradero de cabeza para quienes no perciben ingresos en dólares.

Según algunos cálculos independientes, unas siete millones de personas, entre trabajadores públicos y pensionistas, perciben ingresos en bolívares que no suponen, incluso en los mejores casos, los 10 dólares por mes.

Para estas personas, y para muchas otras que se emplean en la empresa privada, este control de precios, lejos de surtir un efecto positivo, agrava más su situación pues la regulación ha contado ya con dos revisiones alcistas, que lesionaron aún más el ya mermado poder de compra de los trabajadores.