El pacto de paz con las FARC hizo que la violencia cediera en Colombia. Pero las recientes masacres destaparon lo que expertos ven como un nuevo ciclo violento, con una explosión de grupos que se adelantaron al Estado en la reconquista de zonas dejadas por la ex guerrilla.
Desgarrado por casi seis décadas de lucha interna, el país que creía haber pasado su peor página con el desarme de los paramilitares (2006) y de los rebeldes marxistas (2017) despertó a una nueva realidad: el repunte de las masacres o asesinatos de tres o más personas en un solo hecho.
Desde el 11 de agosto han muerto al menos 36 personas a manos de escuadrones que irrumpieron en viviendas o fiestas o que se llevaron a sus víctimas para luego abandonar sus cuerpos. Son ataques en apartadas zonas que tienen entre sus víctimas a jóvenes civiles.
Solo este año la ONU ha documentado 33 masacres contra 36 en 2019; 29 en 2018 y 11 en 2017.
«Estas (nuevas) masacres no responden a una lógica (o) plan de un actor que esté buscando ganar terreno a nivel nacional, estas responden a dinámicas mucho más locales», sostiene Kyle Johnson, investigador de la fundación Conflict Responses, a la AFP.
El experto es enfático en que la violencia en Colombia es «un tema cíclico».
Con él coinciden otros analistas que advierten una nueva etapa atravesada por el narcotráfico, con una violencia más fragmentada, promesas de paz incumplidas y cuestionamientos a la estrategia de seguridad.
Aquí algunas claves del nuevo fenómeno que también ha segado la vidas de cientos de exguerrilleros y líderes sociales.
1) Narcotráfico
El gobierno de Iván Duque ve en el rebrote de la violencia la mano del narcotráfico. Y plantea una solución: el regreso a las fumigaciones aéreas de los narcocultivos, para quitarles combustible a los armados.
Suspendidas desde 2015, estas aspersiones son cuestionadas por campesinos que derivan su sustento de las plantaciones y ambientalistas que alegan múltiples daños.
Colombia interrumpió estos vuelos por una recomendación internacional que advertía que el glifosato es un herbicida potencialmente cancerígeno y hubo entonces una expansión récord de sembradíos.
Después de cinco décadas de lucha el país sigue siendo el principal productor y proveedor mundial de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa.
Pero ese «no es el único motor de la violencia», advierte María Alejandra Vélez, del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Se suman la extorsión y la minería ilegal de oro, cuyas rentas «superan las del narcotráfico» según la fiscalía.
Además, «no necesariamente coinciden el aumento de homicidios con el aumento de cultivos de coca», dice la académica.
Entre 2010 y 2017 se redujeron los homicidios en el país mientras crecían esas siembras en fronteras con Ecuador y Venezuela.
2) Nuevos guerreros
A inicios de este siglo las FARC y los paramilitares eran poderosos ejércitos. En su lucha, sobre todo los grupos de ultraderecha, emplearon las masacres para forzar desplazamientos masivos y avanzar sobre su adversario, al tiempo que gozaban de la obediencia social.
Las masacres cayeron dramáticamente con la desmovilización de ambos bandos.
Pero tras ellos aparecieron nuevos grupos, más pequeños, sin las pretensiones de suplantar al Estado pero sacando provecho de su tardía reconquista de los campos.
Su idea se centra en el control de narcocultivos y rutas para el tráfico, y en algunos casos optando más por aterrorizar que ganarse a las comunidades, según analistas.
Hoy operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida, el Clan del Golfo, remanente de paramilitares, y disidencias de las FARC.
Entre los tres suman unos 7.600 miembros que actúan en 240 de los 1.100 municipios colombianos, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, cree que «en algunas (…) zonas están entrando nuevos grupos» sin un mando unificado.
Estos últimos «son grupos degradados (…), instrumentos de mafias que están aprovechando la situación de la pandemia» del coronavirus para incrementar la presión sobre la población, agrega.
3) ¿Y el Estado?
Colombia cuenta con casi 400.000 policías y militares. La fuerza pública logró hacer retroceder a las FARC con ayuda de Estados Unidos, antes de firmar la paz.
Pero hoy, cuando enfrenta una arremetida de varias puntas, carece de estrategia contra «la violencia en las áreas rurales», indica Carlos Velásquez, coronel retirado y experto de la Universidad de La Sabana.
Mientras la policía se concentra en cascos urbanas, el ejército actúa como una «fuerza letal y móvil» que realiza operaciones puntuales. «Necesitamos una guardia rural que sea una fuerza permanente de control y logre confianza con la gente», añade.
También, en esta crisis de seguridad, los expertos apuntan a los incumplimientos o retrasos en los acuerdos de paz de 2016, que debían impulsar el desarrollo rural, la sustitución voluntaria de narcocultivos y el combate a los sucesores de los paramilitares.
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