Alertan que 7.000 colombianos que trabajan en minas podrían ser deportados desde Venezuela
Los mineros colombianos y sus familias quedan también expuestos en las operaciones que las fuerzas de seguridad venezolanas están realizando en las últimas semanas contra la minería ilegal.
La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que alrededor de 7.000 colombianos que trabajan en minas de oro en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en Venezuela, están en riesgo de ser deportados en el «mayor éxodo de los últimos tiempos».
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó en un comunicado a entidades gubernamentales a crear un plan «de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”.
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El posible éxodo sería de los colombianos que trabajan en las minas de extracción aurífera de Yapacana, ubicadas en el estado de Amazonas venezolano, donde hay presencia de varios grupos armados, por lo que en «sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales», indicó el comunicado.
Los mineros colombianos y sus familias quedan también expuestos en las operaciones que las fuerzas de seguridad venezolanas están realizando en las últimas semanas contra la minería ilegal.
En ese sentido, la Defensoría emitió una alerta temprana en la que advierte «no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó el defensor.
La información agregó que los principales centros de recepción de los 7.000 colombianos serían en los corregimientos fronterizos con Venezuela de Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe pero estos «no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes».
De ser así, advirtió la institución, «estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica».
«Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana», insistió Camargo.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores a «establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela», y pidió que se abran consulados en San Fernando Atabapo y Puerto Ayacucho.
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