Aristimuño Herrera & Asociados
Aristimuño: ¿Cómo afectará el nuevo esquema de abastecimiento a la economía venezolana?
Con el anuncio de la nueva Misión Abastecimiento y Soberanía a cargo del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y del presidente Nicolás Maduro, hay una serie de incidencias que se pueden esperar con respecto a la reacción de los sectores productivos del país.
La centralización de las decisiones logísticas y aquellas que guardan relación con la distribución de alimentos y medicinas puede fácilmente afectar la actividad empresarial, sin que ningún sector asociado a la producción de estos bienes esté exento de experimentar las consecuencias.
Las constantes inspecciones, decomisos e intervenciones así como la aplicación de detalladas guías de movilización de los transportes no han servido en sí mismas como solución a la falta de oferta de productos básicos, desbordada por la demanda de la población.
Incluso Empresas Polar, el mayor productor de alimentos procesados de Venezuela, podría ser objeto de decisiones o medidas a cargo del nuevo mando unificado que estará a cargo de enfrentar el desabastecimiento.
La compañía dirigida por Lorenzo Mendoza se endeudó con el BBVA en una operación de 35 millones de dólares para obtener los insumos mínimos necesarios que permitan reactivar la producción de malta y cerveza, a la espera de contar con las autorizaciones necesarias para cancelar el financiamiento.
El problema de la producción nacional exige más que el replanteamiento de los esquemas de distribución, ya que persiste un problema subyacente en las estructuras de costos afectadas por el control de precios y en la falta de materia prima debido a la dificultad para conseguir las divisas que faciliten el acceso a los insumos importados, repuestos y bienes de capital.
Como se ha demostrado repetidas veces en las decisiones económicas alrededor del mercado de bienes regulados, aumentar los controles es un fuerte incentivo para la creación de mercados negros, alcabalas y corrupción.
La sinceración de las relaciones institucionales entre el gobierno como regulador y el sector privado como productor es indispensable para normalizar la situación.
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