Conflicto entre gobierno y Empresas Polar amenaza la seguridad alimentaria

El antiguo choque entre el gobierno de Venezuela y Empresas Polar, mayor productora de alimentos y bebidas del país, es una pelea a la que los venezolanos están acostumbrados, pero que muchos temen, reseñó BBC Mundo News.

Sin embargo, en medio de la crisis por coronavirus (Covid-19), el conglomerado industrial volvía a ser objeto de mecanismos de fijación de precios, de venta supervisada y bloqueos de los códigos Sica (Sistema Integral de Control Agroalimentario), que le impiden despachar sus productos con la debida regularidad.

En un video publicado a inicios de abril, Mendoza señaló que la compañía había estado pasando por un proceso «duro y crítico» y que sus volúmenes de ventas habían caído 80% durante los últimos años.

Pese a que tiene en su cartera muchos de los productos favoritos de los hogares venezolanos, incluida la harina precocida más popular con la que se elabora la arepa, así como la principal marca de cerveza, en los últimos años la compañía también ha debido adaptarse a una economía en declive.

Las medidas gubernamentales contra Polar se dan al mismo tiempo que 9 millones de venezolanos padecen inseguridad alimentaria aguda y los ingresos petroleros del Estado venezolano se reducen dramáticamente por el descalabro de la industria, las fluctuaciones de los precios internacionales por el nuevo coronavirus y las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa.

Las reservas internacionales bajo mínimos, una abultada deuda externa, el desplome de la producción de petróleo y de sus precios, las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos, un PIB que se ha contraído 65% entre 2014 y 2019, una permanente crisis eléctrica y, ahora, una escasez de gasolina, las finanzas del Estados están en una situación crítica.

La empresa enfrenta también los estragos de la pandemia de COVID-19 que se suman a las dificultades que tiene para operar por la inestabilidad del servicio eléctrico. Mendoza confirmó que el coronavirus provocó el cierre de una de las plantas procesadoras de cerveza, en San Joaquín (estado Carabobo), y comienza a afectar el funcionamiento de varias plantas de alimentos, en un video publicado el 8 de abril.

– «La tregua parece haber acabado» –

El 24 de abril, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que el gobierno aplicaría un mecanismo de «venta supervisada» a los productos de tres de las principales compañías de alimentos del país, a las que acusó de haberse convertido en «marcadores referenciales (de precios) especulativos».

La funcionaria dijo que se trataba de un plan especial para «contener la especulación» y que el objetivo era garantizar que se respeten los «precios acordados», término con el que las autoridades se refieren a los precios fijados a través del sistema de controles estatales, que se habían relajado en los últimos meses.

«No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria», protestó a través de un comunicado Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Polar.

La decisión gubernamental es vista como un indicador de que el gobierno de Maduro se encamina a regresar al sistema de control de precios, y también parece apuntar a la reanudación de una larga pugna con Polar que podría tener consecuencias en el suministro de alimentos.

“Vas a perder esta pelea (Lorenzo) Mendoza; te lo garantizo que la vas a perder y muy mal perdida”, había sentenciado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, la noche del 29 de abril en el canal del Estado.

– La amenaza de expropiación –

Días antes de que se diera a conocer el mecanismo de «ventas supervisadas», Maduro había denunciado una «guerra económica brutal» en Venezuela, a propósito del notable aumento de precios de productos básicos que había ocurrido en las últimas semanas en el contexto de la crisis por el coronavirus.

«¡Pónganse serios!», advirtió el mandatario al sector privado, aunque sin hacer referencia explícita a Polar.

Una semana antes, el 16 de abril, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y alto cargo del chavismo, Diosdado Cabello, sí había enfilado claramente sus baterías contra la empresa.

«Lorenzo Mendoza, tú eres un pillo. Tú te chuleaste al Estado venezolano por años. Así cualquiera tiene empresas. US$5.000 millones al año te llevabas para montar empresas en Colombia, en las islas (del Caribe) y en otros países», dijo en referencia a los dólares a precio preferencial para importar insumos y materia prima que recibía la empresa.

Según Mendoza, ese dinero fue «auditado hasta la médula».

«Yo creo que aquí, lo que deberíamos hacer todas y todos es no comprar nada que diga Polar. En mi casa no van a comprar más nada que diga Polar», agregó Cabello proponiendo un boicot contra la compañía, cuyos productos alimenticios son los más populares en los hogares del país desde hace años.

El dirigente oficialista retomaba así una pelea con el sector privado que había iniciado Hugo Chávez.

Tras el paro nacional de dos meses realizado a finales de 2002 y comienzos de 2003 para intentar forzar su renuncia, el fallecido mandatario venezolano rompió con gran parte del sector empresarial tradicional de Venezuela. La herida nunca cicatrizó.

Ayudado por el boom petrolero que llevó el barril de crudo por encima de los US$100, Chávez usó la riqueza sobrevenida para ejercer pleno dominio sobre la economía a través de un sistema de control de precios y de un control de cambio, reforzados con duras sanciones penales.

A partir de 2007, empezó a ir más allá, con una ola de expropiaciones que le recordaban al sector privado dónde residía el verdadero poder.

Las amenazas no eran sutiles

«Él cree que está más allá de las leyes. No, camaradas, no. Lo que voy a hacer es expropiarle. Si él sigue agrediendo al gobierno e irrespetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la Polar. Toda, toda», dijo el mandatario ante las cámaras de televisión a inicios de marzo de 2009 en referencia a la familia propietaria de Polar.

– Controles de ida y vuelta –

A lo largo de 2019, muchas cosas cambiaron en la economía venezolana.

Sin dar mayores explicaciones en público, el gobierno dejó de aplicar -aunque no eliminó formalmente- los controles de cambio y de precios que mantenía desde 2003; dejó de cobrar aranceles a las importaciones y permitió que los venezolanos y las empresas en ese país realizaran operaciones en dólares sin restricciones.

Los efectos de ese giro táctico se sintieron rápidamente. Los anaqueles de los supermercados, otrora vacíos, comenzaron a llenarse de productos que habían escaseado por años aunque ahora se comercializan a un precio que solamente una parte de la población podía costear.

De acuerdo con un reportaje publicado en febrero en The New York Times, también se produjo un giro en la relación con Polar.

El diario estadounidense asegura que en 2018 se produjo un acuerdo informal en el cual Mendoza accedió a salir de la escena pública a cambio de que el gobierno dejara de acosar a su empresa.

En una carta dirigida a ese periódico, Polar cuestionó el contenido del reportaje pero no negó de forma tajante que el supuesto acuerdo entre Mendoza y el gobierno tuviera lugar.

BBC Mundo intentó contar para este trabajo con la versión de Polar, pero las solicitudes fueron rechazadas. «Por el momento no tenemos ningún vocero disponible para ofrecer declaraciones», señaló la compañía.

En un comunicado emitido el 29 de abril, Polar calificó como «acertada» la decisión del gobierno de haber eliminado durante el último año los controles de precios y de cambio, pues esto «permitió el restablecimiento de la producción, en beneficio del abastecimiento pleno del mercado venezolano».

La compañía refirió que representantes del Ejecutivo solicitaron hace más de un año a la agroindustria que esta importara directamente y con sus propios recursos las materias primas e insumos que requería para sus operaciones, algo que antes se hacía bajo absoluto control gubernamental.

Los precios en bolívares estaban relacionados con el dólar necesario para importar en un contexto de hiperinflación y de devaluación de la moneda nacional. Es decir, son caros para muchos en un país donde el salario mínimo es el equivalente a unos US$5.

«Para adquirir las divisas, la empresa debe generar ingresos suficientes, ajustando sus precios cada vez que sea necesario en función de los costos de reposición. Si la empresa calcula sus precios a los costos de hoy, en un entorno de devaluación e hiperinflación como el que vive Venezuela, no podrá comprar suficientes divisas para reponer la materia prima en las siguientes semanas. Solo entre marzo y abril la variación del tipo de cambio ha sido de 210%», justificó Polar en su comunicado.

«En función de esta realidad, Alimentos Polar considera que regresar al mecanismo de fijación de precios constituye un obstáculo para mantener la continuidad operativa. Esto, inevitablemente, provocará de nuevo el desabastecimiento de los rubros controlados», agrega.

Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, considera que la vuelta al sistema de controles puede tener duras consecuencias debido a que el abastecimiento de alimentos en el país se encuentra sostenido en estos momentos por las empresas privadas pero estas, a su vez, se encuentran muy debilitadas financieramente y no tienen capacidad para asumir pérdidas.

«Lo que Polar significa en la industria de alimentos va más allá de los productos que comercializa. Es toda la cadena de suministro y de distribución, los empleos. Y el impacto que todo eso tiene obviamente en las condiciones actuales haría mucho más precaria la industria de alimentos en Venezuela y la situación de seguridad alimentaria se vería seriamente afectada», advierte Oliveros sobre un conflicto más duro entre gobierno y empresa.

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