Congreso de Chile avanza aprobación de ley contra saqueos y barricadas

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles una nueva ley que tipifica como delito al saqueo y la instalación de barricadas, en el marco de una serie de medidas para hacer frente al estallido social.

El proyecto, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración del órden público mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas, fue aprobado por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones.

El proyecto «nos permite avanzar fuertemente en la recuperación del orden público», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Desde el 18 de octubre, cuando estallaron las protestas sociales en Chile, se han multiplicado los saqueos y ataques a comercios, que el gobierno atribuye en su mayoría a delincuentes que se aprovechan de la revuelta social.

Las barricadas también se multiplicaron, especialmente en los zonas céntricas de Santiago y otras grandes ciudades del país, como el vecino puerto de Valparaíso, Concepción (sur) y Antofagasta (norte).

La actual legislación no tipifica ambas acciones como delitos. En el caso de los saqueos, quienes son detenidos lo hacen bajo cargos de «robo en lugar no habitado», con penas bajísimas.

«Necesitamos esta ley cuanto antes», agregó el ministro Blumel, urgiendo que la iniciativa sea tratada de inmediato en el Senado, donde pueda ser revisada durante esta jornada.

En concreto, el proyecto establece penas para quienes «valiéndose de una manifestación o reunión pública tomen parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público», siendo sancionado con penas que van desde los 541 días a 5 años.

Entre las acciones que deberían ser sancionadas con la iniciativa están los saqueos, las barricadas y el lanzamiento de bombas molotov u objetos contundentes, junto con paralizar o interrumpir algún servicio público.

En la comisión de Constitución del Senado fue aprobada también una reforma a la Constitución que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar «infraestructura crítica» sin que se decrete estados de emergencia, una medida que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera para liberar más policías al control del orden público.

Los militares salieron a las calles durante los primeros nueve días del estallido social. Cuatro de las 23 muertes que se contabilizan fueron en manos de agentes de las fuerzas armadas.