El Congreso de Nicaragua aprobó este sábado, con el voto mayoritario del oficialismo, una ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
«Se aprueba en lo general la ley de amnistía», anunció el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, al cerrar la votación que contó con el apoyo de 70 legisladores del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el rechazo de 15 opositores.
La ley favorece a «todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018», cuando estallaron las protestas y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las protestas, quienes deberán ser liberados «de forma inmediata» cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán «abstenerse» de volver a participar en protestas.
Con la aprobación de esta amnistía, se cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía «pretende proteger los crímenes que ha cometido (el gobierno) a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares».
Según grupos humanitarios, la represión estatal dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, la mayoría civiles, y 62.000 nicaragüenses que se exiliaron el último año por amenazas de muerte o de encarcelamiento.
«El camino de la paz y la reconciliación solo puede ser a través del perdón, y nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías», pero «la patria es primero», argumentó el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del oficialista FSLN, que promovió la ley.
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