Congreso debe actuar para arreglar financiamiento de Medicaid para Puerto Rico

Durante décadas, la financiación federal inadecuada e inestable ha obligado al programa Medicaid de Puerto Rico a dejar atrás a miles de niños, familias y trabajadores necesitados y ha impedido que brinde servicios esenciales a quienes están cubiertos.

En las próximas semanas, el Congreso tiene una oportunidad singular de ayudar a cerrar la brecha de equidad y promulgar una solución permanente que le brindaría a Puerto Rico financiamiento adecuado y estable en los años venideros.

El Congreso debe actuar para hacer esto ahora, mientras que el Senado tiene una oportunidad única de aprobar una solución de financiamiento permanente en un paquete económico bajo reglas especiales que solo requieren 51 votos. Si pierden esta oportunidad, los demócratas del Senado se verán nuevamente obligados a negociar con los republicanos del Senado, que durante mucho tiempo han negado a Puerto Rico la financiación adecuada a largo plazo para Medicaid, para obtener 60 votos en diciembre cuando se agoten los fondos de Puerto Rico. Es probable que esto resulte en otra solución a corto plazo con fondos menos que adecuados, y los niños, las familias y los trabajadores de Puerto Rico pagarán el precio.

Durante mucho tiempo, la política de Medicaid ha tratado a Puerto Rico de manera diferente, e injusta, en comparación con los estados. En lugar de cubrir una parte de todos los costos de los gastos de Medicaid, como en los estados, el gobierno federal limita la cantidad de dinero que proporciona a Puerto Rico para Medicaid, proporcionando fondos únicamente a través de una subvención global fija. Esta cantidad fija no alcanza a cubrir los costos de atención médica para sus afiliados, y no ha permitido que Puerto Rico se acerque a alinear su elegibilidad y beneficios con los de los estados o asegurar el acceso aumentando los pagos a los proveedores.

Además, los fondos federales tienen un tope de una tasa equivalente del 55 por ciento, mucho menos de lo que reciben los estados en situaciones similares, lo que obliga a Puerto Rico a gastar una mayor parte de sus propios fondos para calificar para los fondos federales equivalentes. Por el contrario, la tasa de coincidencia de cada estado cambia en función de su ingreso per cápita. Mississippi, el estado con la tasa de coincidencia federal más alta, actualmente tiene una tasa de coincidencia del 78 por ciento, a pesar de que el ingreso familiar promedio de Puerto Rico es solo la mitad del de Mississippi y su tasa de pobreza es casi el doble.

Es el pueblo de Puerto Rico el que sufre debido a estas políticas de financiación defectuosas. Las personas pobres en Puerto Rico que de otro modo serían elegibles para Medicaid si el programa estuviera debidamente financiado están excluidas, y el programa no puede permitirse ofrecer una cantidad de beneficios críticos y servicios esenciales, como atención en hogares de ancianos y servicios de salud en el hogar, para las personas que están inscritas.

Los niños en Puerto Rico se ven particularmente perjudicados por la falta de fondos. Puerto Rico tiene una tasa de pobreza infantil del 57 por ciento. A pesar de esta necesidad masiva, los niños en Puerto Rico no tienen garantizados los mismos servicios de salud que los niños en los programas estatales de Medicaid. Un ejemplo alarmante: a los niños puertorriqueños que reciben Medicaid se les niegan varios servicios de atención médica integral y preventiva que se ofrecen de manera rutinaria en los estados y que están destinados a descubrir y tratar las afecciones infantiles antes de que se vuelvan graves o incapacitantes. Negarse a ofrecer estos servicios preventivos a los niños pobres empeorará sus resultados de salud a largo plazo, pondrá en peligro su futuro potencial de ingresos y continuará perpetuando el ciclo de la pobreza.

En el pasado, el Congreso ha intentado aliviar las presiones de financiamiento de Puerto Rico a través de arreglos a corto plazo; sin embargo, la naturaleza temporal de estos arreglos crea inestabilidad e incertidumbre que pone en peligro aún más la cobertura y los servicios. También ha significado pagos reducidos y atrasados ​​para los proveedores, lo que ha provocado un éxodo masivo de médicos al continente, donde pueden contar con pagos más estables. Esto hace que sea más difícil para todos los residentes de Puerto Rico obtener atención, no solo para aquellos que reciben Medicaid.

Sin una solución permanente, el programa Medicaid de Puerto Rico seguirá dejando fuera a muchos; no brindar servicios críticos disponibles para los ciudadanos estadounidenses en el continente; y crear aún más inestabilidad para los proveedores de atención médica. El Congreso debe actuar ahora para hacer esto; de el depende la salud y el bienestar de miles de puertorriqueños.