Constituyente aprueba una ley "contra la guerra económica"

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, aprobó una ley «contra la guerra económica» que, según rezan sus apartados, busca regular las contrataciones públicas y favorecer a las pequeñas y medianas empresas del país.

El nombre completo de este instrumento es Ley contra la Guerra Económica, para la Racionalidad y Adquisición de Bienes.

El artículo 1 indica que la ley «tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública en todos sus niveles que promuevan la honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras públicas».

Según se explica desde el chavismo, este marco legal -presentado ante la ANC por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez,- persigue facilitar «los mecanismos de control de procesos» relacionados con las contrataciones públicas.

Asimismo, la ley, que consta de 20 artículos y tres disposiciones transitorias, habla de «estimular la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas».

Con esta nueva norma se crea un registro único de contratación pública que será regulado por el Ejecutivo, así como una «unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética» que llevará por nombre Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral máximo y mínimo (UCAU), cuyo valor será determinado por el Ejecutivo.

La UCAU «será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública», explica el texto en el artículo 6.

La ley también contempla sancionar con inhabilitaciones a los contratistas que presenten información falsa para obtener acuerdos, y remarca que este marco legal será aplicado «de forma preferente por la administración pública nacional, estatal y municipal».

Además, dice venir a favorecer al «valor agregado nacional» y al «talento humano nacional», con lo que se verían beneficiadas las ofertas que contemplen materia prima o activos fijos en la obra «de origen nacional» y las empresas con domicilio principal en Venezuela.

El nuevo esquema de contratación «no afectará convenios de cooperación, acuerdos y contratos internacionales válidamente suscritos» por Venezuela, y entrará en vigencia en los próximos días, apenas sea publicado en la Gaceta Oficial del país.

La primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, consideró que esta ley es «de avanzadas» y está en sintonía con el «modelo económico posrentista» que, aseguró, está «cumpliendo» la Revolución Bolivariana que lidera Nicolás Maduro.

Elegida, en medio del boicot opositor y sin un referéndum previo de aprobación, en agosto del año pasado, la Constituyente es considerada un ente fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, y ejerce, pese a haber sido creada para redactar una nueva Constitución, las funciones legislativas del Parlamento