La contraloría peruana calcula que el país sudamericano perdió un aproximado a 6.650 millones de dólares en corrupción de los gobiernos nacional y regionales entre los años 2016 y 2019, de acuerdo con un informe publicado este jueves.
El contralor general peruano, Nelson Shack, informó que «la estimación de la corrupción es de 23 mil millones de soles», detallando que durante el año 2019 «se emitieron más de 1.400 informes de control y se identificaron responsabilidades a más de 8 mil funcionarios públicos», en parte de la muestra de control de la actividad administrativa del Estado peruano.
La estimación de la Contraloría fija en unos 3.900 millones de dólares las pérdidas por corrupción en el gobierno nacional y unos 2.750 millones más en los gobiernos regionales entre 2016 y 2019.
En términos relativos, el mayor grado de corrupción y daños económicos ocurrió en las provincias. Al respecto, el contralor dijo que hay una correlacion en la que «mientras mayor tasa de soborno el nivel de ingreso per cápita es menor», lo que afecta el desarrollo de las regiones más pobres.
Por sectores el área de Transporte y Comunicaciones es el que tiene la proporción más alta de corrupción, con 25% respecto a la ejecución presupuestaria.
«La gran corrupción no solo está asociada a la cantidad de dinero, sino a la complejidad. Los actores de la megacorrupción como el caso Lava Jato son actores políticos, judiciales, financieros, comunicacionales», advirtió Shack, agregando que para combatir este nivel de delitos en Perú son necesarias reformas políticas y del sistema de justicia.
El caso Lava Jato involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció en Perú actos de corrupción por miles de millones de dólares durante los últimos 15 años al menos, salpicando a cuatro expresidentes peruanos, entre ellos a Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; y a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
Asimismo en el marco de las investigaciones de Lava Jato, en 2019 se produjo el suicidio del expresidente Alan García, cuando la justicia peruana se prestaba a detenerlo por averiguaciones de corrupción.
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