Corte de EEUU revisa negocio entre Nomura y Venezuela a pedido de Crystallex

Una corte en Estados Unidos autorizó el viernes a la minera Crystallex a entregar un «aviso de restricción» a filiales del banco Nomura en ese país, en un intento por impedir que el prestamista japonés transfiera papeles propiedad de Venezuela, según un documento visto por Reuters.

La medida, que presentó Crystallex ante un tribunal del distrito sur de Nueva York, forma parte de las gestiones que realiza la minera canadiense para conseguir cobrar una indemnización por la expropiación de sus activos en el país petrolero en el 2008.

El año pasado, el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, decidió que Venezuela debía cancelar unos 1.386 millones de dólares a Crystallex en compensación por la medida, pero hasta ahora el pago no se ha concretado.

La decisión de la corte tiene lugar luego de que Reuters reportó este mes que Venezuela está en conversaciones con Nomura para vender notas que posee a cambio de liquidez, citando a un diputado y una fuente financiera. El presidente del Banco Central de Venezuela negó la negociación.

El Banco Central de Venezuela posee dos notas emitidas por Nomura con un valor nominal de 390 millones de dólares y 320 millones de dólares, con vencimiento en 2018 y 2023, respectivamente, dijo una fuente de la industria financiera que pidió no ser identificada.

Esos papeles están vinculados a bonos de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA.

Crystallex presume que Venezuela realiza este tipo de negociaciones no sólo para encontrar liquidez, sino también buscando retirar activos en Estados Unidos que puedan ser embargados por empresas que como la minera canadiense buscan cobrar una indemnización.

Ni Nomura, ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters.

La medida llega al tiempo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro realiza gestiones fuera del país para encontrar alivio financiero en medio de una prolongada recesión económica y una creciente agitación política y social.

Crystallex podría complicar algunas de estas negociaciones que, según Maduro y su equipo, han resultado cuesta arriba por un «bloqueo financiero internacional» del que aseguran son víctimas.

Entre tanto, diputados del Parlamento, bajo control de la oposición, han instado a bancos a no financiar al Gobierno de Maduro, al que acusan de violar los derechos humanos.

Cerca de otras 20 empresas han demandado a Venezuela ante un tribunal de arbitraje del Banco Mundial para buscar ser indemnizadas por las nacionalizaciones que ordenó el fallecido presidente Hugo Chávez.

Ahora, el Gobierno de Maduro, su heredero político, debe enfrentar esos compromisos a la par que pesados pagos de deuda externa.