A finales de enero, la directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina (Casla), Tamara Suju, informó que había remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), ubicada en La Haya, Holanda, nuevas incidencias de torturas en Venezuela.
El propósito de las nuevas incidencias es demostrar, que las torturas, crimen de lesa humanidad, no sólo siguen y son sistemáticas, sino que se utilizan para obtener confesión o que las víctimas acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares de acciones supuestamente subversivas. Por lo que se ha generado una nueva ola de represión, intimidación, desapariciones forzosas y acusaciones judiciales.
Entre las torturas denunciadas, se encuentran las asfixias con bolsas plásticas, aplicación de descargas eléctricas, colgamiento, golpes y patadas en todo el cuerpo, así como tortura sexual de desnudamiento y violación.
