Costa Rica aprueba polémica Ley del empleo público que limita convenciones colectivas

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este martes la polémica Ley Marco de Empleo Público, que tiene como objetivo mejorar las finanzas del Estado y modernizar la gestión pública costarricense, pero que es rechazada por los sindicatos.

El Gobierno costarricense indicó que la aprobación de la ley es clave en el proceso de consolidación fiscal que ha impulsado y es uno de los compromisos que el Ejecutivo propuso como parte de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Nuestro país está dando un enorme paso para impulsar la igualdad para que las personas en el sector público que ejercen la misma función tengan igual remuneración, se generará mayor justicia entre quienes trabajan en los sectores público y privado, y habrá también un mejor control del gasto público», afirmó Alvarado en el acto oficial de la firma de la ley.

Esta reforma, que fue aprobada el lunes por el Congreso, es rechazada por los sindicatos, que consideran que los trabajadores estatales han sido golpeados en los últimos años por la reforma fiscal de 2018 y las políticas de austeridad del actual Gobierno de Alvarado (2018-2022).

La iniciativa establece un salario global para el sector público que pretende eliminar las distorsiones salariales entre instituciones en puestos iguales, y además reduce el pago de complementos salariales. Además, la ley impide negociar ciertos aspectos salariales en convenciones colectivas, entre otros puntos.

Según los cálculos oficiales, Costa Rica ahorrará un 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en gastos del Gobierno central y un 0,6 % del PIB en los del sector público.

El sector público representa el 15 % del empleo total de Costa Rica y consume el 50 % de los gastos del Gobierno.

La reforma al empleo público es una pieza clave del acuerdo que Costa Rica suscribió en 2021 con el FMI.

El compromiso de Costa Rica para recibir 1.778 millones de dólares del FMI a lo largo de tres años es eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035.

«La Ley Marco de Empleo Público representa un cambio de paradigma, en el cual lo central no es la institución a la cual las personas servidoras públicas pertenecen, sino el servicio que prestan a la sociedad. También permitirá eliminar las desigualdades salariales que existen hoy en día entre personas que desempeñan el mismo trabajo», explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

La ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, mientras que el transitorio I concede un plazo de seis meses para emitir la normativa reglamentaria necesaria para la implementación de la ley.

Costa Rica cerró el año 2021 con un déficit fiscal de 5,18 % del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al de 2020 que fue del 8,03 %, mientras que el déficit primario fue del 0,28 % del PIB.

Sin embargo, la deuda siguió en ascenso y se ubicó en el 70,37 % del PIB durante el 2021.