#Covid19 reduce pero no silencia la protesta social según el OVCS
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 580 protestas en marzo de 2020, equivalente a un promedio de 19 diarias.
La demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sigue siendo el principal motivo de protestas. 55% de las acciones ciudadanas estuvo relacionada a la escasez y control en la distribución de gasolina a escala nacional, la restitución urgente de los servicios básicos, dolarización del salario y dotación de hospitales, sobre todo para atender el Covid-19.
Pese a los riesgos y el decreto de cuarentena nacional, 23% de las protestas se desarrolló en medio de este escenario, debido a que las necesidades de los venezolanos siguen latentes.
A juicio del OVCS, esta situación se convierte en asunto de preocupación frente a una eventual extensión de la medida de aislamiento social, ya que para las familias es difícil enfrentar el Covid-19 con un sistema de salud deficiente, carestía de los alimentos y productos de higiene, bajo poder adquisitivo del salario, colapso en servicios públicos y escasez de gasolina.
Anzoátegui y Mérida lideraron las protestas el mes pasado con 53 manifestaciones, respectivamente, de las 580 reportadas en todo el país. Le siguieron Distrito Capital (46), así como los estados Miranda (43) y Monagas (39).
El número de manifestaciones en marzo de 2020 representa una disminución de 74% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 2.038 protestas, lo que confirma que, más allá de la cuarentena social por el impacto de la pandemia de Covid-19 en el país, se ha desacelerado sensiblemente la conflictividad social, a pesar que no se han superado las causas que la detonan.
El conflicto político y social se caracterizó en marzo por:
– Acciones de activistas sociales y políticos de oposición para presentar el “Pliego Nacional de Conflicto”.
– Movilización de afectos al gobierno de Maduro en rechazo a las sanciones emitidas por el ejecutivo de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.
– Llamado a colectivos paramilitares, civiles armados y grupos violentos afectos al ideario chavista y el gobierno a aplicar la denominada “Furia Bolivariana” contra simpatizantes de la oposición.
– Escasez y control en la distribución de gasolina a escala nacional, generando largas filas, discrecionalidad por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a cargo de la supervisión de venta del combustible, amenazando la prestación de servicios médicos, comerciales y el traslado de alimentos.
– Estado de alarma nacional y cuarentena social obligatoria como respuesta al coronavirus (COVID-19).
– Demanda de la restitución urgente de los servicios básicos como agua potable, gas doméstico y electricidad para prevenir el COVID-19.
– Protestas por parte de trabajadores de diversos gremios (salud, educación, jubilados y pensionados, entre otros) exigiendo la dolarización del salario y la resignificación del empleo.
– Exigencias de infraestructura hospitalaria adecuada, materiales e insumos de bioseguridad para atender la pandemia del COVID-19.
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