Criptominería en Paraguay: la ley de la selva en el país de la energía barata
El Senado de Paraguay aprobó en julio una ley que aumenta las penas por el uso ilegal de energía para criptominería, a un máximo de 10 años de prisión.
La energía barata de Paraguay atrae a decenas de criptomineras legítimas, pero también seduce a forajidos que minan monedas digitales ilegalmente y a gran escala, en un mercado sembrado de denuncias de corrupción.
En la ciudad de Hernandarias, a dos kilómetros de la colosal represa de Itaipú sobre el río Paraná, se instaló la paraguaya Penguin, donde cientos de computadoras se alinean en un terreno extenso como una cancha de fútbol.
Penguin ofrece «alojamiento a todos los dispositivos informáticos, ya sea criptominería, centros de datos de Inteligencia Artificial o servicios en la nube», dice Ricardo Galeano, vicepresidente de este centro de computación de alto rendimiento, a la AFP.
La ubicación de esta enorme criptominera no es azarosa: Itaipú, una copropiedad de Brasil y Paraguay en partes iguales, es una de las represas más potentes del mundo, con capacidad de generar 14.000 megavatios por hora.
Paraguay dispone de otras dos hidroeléctricas: Yacyretá con Argentina (4.000 megavatios) y Acaray (400).
La electricidad limpia y asequible de Paraguay es un imán para la industria tecnológica: la criptominería, esa larga serie de cálculos que produce una unidad de moneda digital, requiere una importante infraestructura informática y, en consecuencia, mucho consumo de energía.
Pero no todo lo que brilla es oro. Destacado por el FMI por su «economía verde», el Paraguay eléctrico no está exento de cortocircuitos que delatan sus desigualdades: a pesar de la electricidad que exporta en abundancia, más del 23% de los hogares todavía cocinan con leña o carbón, número que llega hasta el 48% en las zonas rurales.
Incautaciones
En los últimos tres años, se han establecido en el país más de 60 sitios de criptominería avalados por las autoridades que representan más de 1.100 millones de dólares en inversión, de acuerdo a Bruno Vacotti, vocero de Penguin y miembro de la Cámara Minera de Activos Digitales de Paraguay (Capamad).
Un socio de Penguin es el peso pesado del sector, la estadounidense Marathon Digital, que ya tiene invertidos 30 millones de dólares en la planta de Hernandarias.
Al margen de estas empresas, prosperan decenas de criptomineras ilegales que vampirizan la energía paraguaya y contra las que, según Penguin, las autoridades luchan débilmente.
A finales de mayo, policías y agentes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) incautaron, en una de estas granjas clandestinas de criptomonedas en Saltos de Guaira (sur), más de 2.700 ordenadores y cinco transformadores, el mayor decomiso hasta la fecha.
La semana pasada, se incautaron casi 700 ordenadores y un transformador en una granja en Hernandarias que consumía el equivalente a 60.000 dólares mensuales de electricidad.
La ANDE admite una pérdida de 28% de la electricidad que genera, por diferentes causas, entre ellas la minería ilegal.
¿Ladrones protegidos?
Salyn Buzarkis, diputado del opositor Partido Liberal, está convencido: «las criptomineras ilegales están protegidas por los funcionarios», acusa, refiriéndose explícitamente a «sobornos» que estarían recibiendo los trabajadores estatales.
«¿Por qué no encuentran a las ilegales? Es fácil de detectar por el consumo de Internet», dice Buzarkis, al denunciar asimismo que las granjas criptomineras requieren en electricidad «el equivalente a lo que consume una ciudad entera».
El resultado es la paradoja de un Paraguay que exporta su electricidad, pero cuyos habitantes a menudo se quedan a oscuras, con cortes frecuentes y masivos, como el ocurrido en marzo.
Félix Sosa, director de la ANDE, se defiende: «somos los primeros en querer desenmascarar a los responsables» de robar electricidad.
En una charla con la AFP, Sosa recuerda los más de 71 procedimientos abiertos por la entidad ante el Ministerio Público por robo de energía, y las cerca de 10.000 computadoras incautadas, además de unos 50 transformadores.
«Es una lucha frontal y seria», insiste de su lado el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, aunque Buzarkis asegura que las máquinas decomisadas son obsoletas y «no sirven ni para tostar pan».
Mientras tanto, los empresarios empiezan a perder la paciencia, no solo por los forajidos de la criptominería ilegal, sino también por un país «que no tiene previsibilidad».
«Paraguay no es el paraíso energético que la gente del exterior se imagina», denuncia Vacotti, acusando aumentos de los precios de la ANDE de hasta 16% para el «consumo intensivo».
La industria aporta 12 millones de dólares mensuales a la ANDE, pero «nuestras empresas miran hacia Brasil», advierte Jimmy Kim, de Capamad, quien señala que la criptominería en Paraguay paga 54% por encima de la tarifa convencional de electricidad.
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