El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena sostienen una primera reunión de diálogo este domingo 13 de octubre en busca de una solución a la crisis social que desde hace 11 días golpea a Ecuador, cuya capital ha estado sumida en el caos y la violencia, informó la oficina de la ONU en Ecuador, en un comunicado conjunto con la Iglesia católica.
«Confiamos en la buena voluntad de todos para establecer un diálogo de buena fe y encontrar una pronta solución a la compleja situación que vive el país», señaló el texto publicado en Twitter.
Este anuncio tuvo lugar tras una jornada marcada por la violencia, que sumió a Quito en el caos y llevó al gobierno a imponer el toque de queda.
Moreno agradeció la decisión de los pueblos originarios de sentarse finalmente a dialogar.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que en principio había rechazado el diálogo, dijo que las pláticas girarán en torno a «la derogatoria o revisión del decreto» que eliminó subsidios encareciendo hasta en un 123% el diésel y la gasolina.
La jornada de rechazo a las medidas pactadas con el FMI -que incluyen la eliminación de subsidios a combustibles- degeneró en cuestión de horas. Grupos de encapuchados prendieron fuego y saquearon la sede de la Contraloría.
Los alrededores de la Asamblea Nacional parecían un campo de batalla. Indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera y se enfrentaron a piedra y pirotecnia con la policía, que respondió con gas lacrimógeno.
Este domingo, el papa Francisco dijo que «sigue con preocupación» la situación en Ecuador y alentó a «buscar la paz social», antes del rezo del Ángelus.
Toque de queda
Moreno impuso el toque de queda indefinido y ordenó militarizar la capital de 2,7 millones de habitantes. La drástica medida prohibió la circulación en Quito y sus alrededores desde las 15H00 del sábado (20H00 GMT).
«Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país», lamentó el mandatario en un mensaje a la nación.
Hasta entrada la noche las fuerzas de seguridad bregaron con manifestantes para imponer el orden.
Moreno, que ofreció a los indígenas un diálogo directo, está gobernando desde Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas.
Desde que estallaron las protestas han muerto seis civiles y se registran unos 2.100 heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Las manifestaciones también mantienen interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.
«No dejen que nos maten»
Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos.
Pero ahora amplió y endureció la medida. Las personas, que vaciaron de a poco las calles, exigían el fin de la represión oficial.
«¿Dónde están las madres y los padres de los policías? ¿Por qué dejan que nos maten?», clamó entre lágrimas la indígena Nancy Quinyupani.
La prensa también fue blanco de la violencia. Manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio. El canal, que se mantiene al aire, desalojó a 25 trabajadores sin reportar víctimas.
«Por cerca de media hora fuimos atacados, empezaron a apedrear, forzar las puertas y luego a lanzar bombas incendiarias», relató Milton Pérez, periodista y presentador de Teleamazonas.
El Comercio, principal periódico de Quito, denunció en Twitter que su sede fue atacada, sin ofrecer más detalles.
La Conaie negó que sus militantes estén implicados en esos asaltos.
Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras lo ocurrido este sábado. «Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista», expresó.
Ambos líderes han rechazado entre burlas los insistentes señalamientos de Moreno.
En el poder desde 2017, Moreno enfrenta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de Correa.
Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo.
Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
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