Crisis sigue sobrevolando en aerolínea portuguesa TAP ante su posible privatización

Casi un año después de que Bruselas autorizó ayudas millonarias a TAP, la incertidumbre sigue planeando sobre el futuro de la aerolínea portuguesa, en vías de ser privatizada pero sin conocer aún a su comprador y en medio de polémicas por ciberataques y conflictos con sindicatos.

La Comisión Europea dio luz verde en diciembre de 2021 a más de 2.500 millones de euros en ayudas a TAP para garantizar su viabilidad, que sumadas a otros auxilios para compensar los daños por la pandemia elevaron la asistencia pública total a la compañía a más de 3.200 millones.

Diez meses después, en los que se empezó a implementar un plan de restructuración con reducciones de plantilla y de los activos en manos del grupo, su futuro sigue sin estar cerrado.

El Estado portugués tiene actualmente en sus manos el 100 % de la aerolínea y el 72,5 % del grupo, aunque se hará con el resto del capital en breve gracias a una ampliación.

Pero la idea es que no tarde en salir de la esfera pública, ya que el Gobierno socialista está decidido a privatizarla y que forme parte de un gran grupo de aviación.

«Puede ser la única manera de asegurar la viabilidad de una empresa estratégica para el país», insistió esta semana el ministro de Infraestructuras portugués, Pedro Nuno Santos, sin dar plazos.

A finales de septiembre, el primer ministro, António Costa, había avanzado que la reprivatización está planeada para los próximos 12 meses y admitió que el Estado podría perder dinero con la operación.

Lufthansa, Air France/KLM y el grupo IAG (British Airways e Iberia) estarían interesados en hacerse con TAP, aunque este último sería el peor posicionado porque podría perjudicar el «hub» de Lisboa, según medios locales.

La aerolínea sigue dando pérdidas -202 millones en el primer semestre de este año- y los beneficios no llegarán hasta 2025, según el plan de reestructuración.

Esta previsión se mantiene pese al deterioro de la coyuntura económica mundial con efectos que ya se hacen notar en la compañía, que gastará este año cerca de mil millones de euros en combustible, un 30 % más que antes de la pandemia.

TAP también estuvo en el punto de mira este verano por un ciberataque que filtró datos personales de al menos 1,5 millones de clientes y conflictos laborales con los pilotos, que acabaron incluso con una millonaria sentencia en contra de la empresa.

El ataque informático obligó a pedir disculpas. «Somos muy serios sobre los datos de nuestros clientes», aseguró la consejera delegada, Christine Ourmières-Widener, en un reciente encuentro con corresponsales extranjeros en Lisboa.

La filtración alcanzó a figuras tan sensibles como el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa; el primer ministro Costa, o el director del Servicio de Información y Seguridad (SIS), Adélio Neiva da Cruz.

En paralelo, se han sucedido protestas y manifestaciones de los pilotos, que acusaron a TAP de cometer «abusos» e «injusticias» e impedir que se celebrasen reuniones de trabajadores.

Las diferencias venían de atrás y, tras una denuncia interpuesta en 2017, el Supremo sentenció el pasado julio que la aerolínea había cometido errores de cálculo en las nóminas durante años y debía compensar al Sindicato de Pilotos de la Aviación Civil (SPAC) con 50 millones de euros.

La administración y el sindicato llegaron posteriormente a un acuerdo que permitiría «reducir el impacto financiero» sobre TAP.

Los últimos meses también dejaron centenares de vuelos cancelados durante el verano y una polémica más: la aerolínea aprobó renovar su flota corporativa de coches con modelos de alta gama para sus directivos y tuvo que dar marcha atrás ante las críticas que suscitó en Portugal.