Agencias
Cristina Kirchner pide que no la juzguen por el "dólar futuro", que perjudicó al país por US$ 10.000 millones
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha reclamado este martes que se revoque su procesamiento por la venta del dólar futuro, argumentando que se trató de una decisión «política». La según los economistas «pésima» maniobra gestionada por su gobierno junto con el Banco Central, generó al país un perjuicio de más de US$ 10.000 millones.
«El incremento de las operaciones de dólar futuro (…) obedeció a la decisión política de sostener un tipo de cambio, garantizando la estabilidad de la moneda nacional y el correcto desarrollo de la economía», ha defendido su abogado, recalcando que fue «una decisión política no justiciable».
Asimismo, ha pedido a la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires que deje sin efecto la congelación de sus cuentas bancarias y activos financieros, decretada en el mes de julio, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam.
El proceso comenzó el año pasado por una denuncia formulada por los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri por un presunto delito de «defraudación contra la administración pública» por las ventas del dólar futuro.
El objetivo de estas operaciones financieras era asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales, de acuerdo con la prensa local.
Para el juez Claudio Bonadio «es impensable que una operación financiera de esta magnitud (…), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo».
La defensa de Fernández de Kirchner ha esgrimido que el BCRA es totalmente independiente, por lo que escapa al control de la Casa Rosada, y ha intentado recusar a Bonadio, pero la Cámara Federal lo ha respaldado manteniendo viva la causa.
La ex jefa de Estado también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.
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