CTV: Más de 50% de los empleados públicos se ayudan con trabajo informal para subsistir

Pedro Martínez trabaja de noche como camillero en un hospital de Caracas y de día vende galletas en un bulevar de la capital. A sus 56 años tiene que «pluriemplearse» porque su salario de 29 dólares como empleado público no le alcanza, como a millones de trabajadores venezolanos.

Sentado en una silla de plástico en el dinámico y popular bulevar, Martínez ofrece también otros productos como caramelos, condimentos, jabón y máquinas de afeitar, con cuyas ventas puede llegar a hacer hasta 30 dólares en una semana, el salario mínimo que paga el Estado en un mes.

«Desde hace cinco años para acá, he tenido que salir a la calle a trabajar en la buhonería porque el sueldo que ganamos, el salario, como lo quieran llamar, no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades diarias, menos semanales o mensuales», dijo Martínez a Efe.

Empezó a trabajar en la calle en 2017, cuando Venezuela entró en una hiperinflación que se prolongó por cuatro años y que dio paso a una dolarización no oficial de la economía, que produjo una migración de trabajadores a la informalidad que buscan mejores ingresos y en divisas.

– El creciente sector informal –

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, dijo a Efe que actualmente más del 50 % de los trabajadores públicos buscan en el sector informal un complemento de su salario «para la sobrevivencia».

El líder sindical aseguró que la crisis socioeconómica que vive el país «obliga a todos los sectores de trabajadores, no solamente de a pie sino a los profesionales y técnicos», a buscar ingresos adicionales, especialmente los empleados públicos, los «más atropellados en cuanto al salario».

«Conseguimos hoy a trabajadores de los diferentes sectores, educadores inclusive, no solamente vendiendo verduras, (también en) actividades paralelas para tratar ellos de subsistir, porque es un problema aquí de sobrevivencia», señaló.

– Para sobrevivir –

En su casa en una zona popular del centro de Caracas, Carlos Betancourt, un empleado del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) de 55 años, repara, en su tiempo libre, equipos de línea blanca.

Entre el sueldo base, un bono de alimentación y la prima de antigüedad, devenga en el ente público 210 bolívares, que al cambio oficial son casi 47 dólares al mes, ingreso que no alcanza la cifra de 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial para considerar la salida de la situación de pobreza extrema por rango de ingresos.

«Eso no me da para poder sobrellevar la vida diaria de aquí de la familia, mi esposa, mi hijo, mi sobrina, mi hermana, y (por eso) me he dedicado a hacer reparaciones de línea blanca», contó a Efe Betancourt, quien precisó que puede hacer alrededor de 200 dólares semanales reparando unos cinco equipos.

Recordó que antes, hasta 2008, podía vivir solo de su salario en el Inces, donde lleva 20 años, e incluso podía comprar un vehículo usado o dar la inicial de un apartamento en una zona popular si hacía horas extras en el instituto y si reunía el bono vacacional, los pagos por guardias nocturnas y los aguinaldos.

– Lucha sindical –

Pese a la desmejora de su situación laboral en el Inces, donde tampoco cuenta con seguro médico, no ha querido renunciar por su compromiso tanto con el instituto como con la lucha como dirigente sindical por la defensa de los trabajadores y la mejora de sus condiciones y de su formación.

Betancourt vio como «un gran logro» la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país para el apoyo técnico de un foro de diálogo social que se celebró del 25 al 28 de abril, debido a que -a su juicio- crea la esperanza de que se pueda retomar el diálogo tripartito para discutir temas como los salarios y el respeto a los derechos laborales y sindicales.

El Gobierno insiste en que la culpa de los bajos ingresos de los trabajadores es de las «más de 502 medidas coercitivas (…) impuestas» por EE.UU. y otros países a Venezuela, como dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en la instalación del diálogo, para quien estas sanciones «violaron masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano».