Decreto por pandemia en Colombia beneficiaría a los bancos

Una polémica se desató en Colombia luego de que se hiciera público un decreto que permite al Gobierno tomar recursos de fondos regionales y municipales para atender la pandemia del coronavirus, lo que, denunciaron congresistas y alcaldes, puede ser utilizado para beneficiar al sector financiero.

El Decreto 444 ordena la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), cuyos recursos provendrán, a préstamo, de los regionales Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), para enfrentar el COVID-19, del que ya hay 306 personas contagiadas en Colombia, tres fallecidas y seis recuperadas.

Con ellos, el Gobierno anunció que podrá «atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación» y «pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME».

También podrá «efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras», lo que cual generó críticas desde diversos sectores.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que «los recursos serán priorizados para atender las necesidades del sector salud y el bienestar de los colombianos a través de la institucionalidad existente dotándolos de recursos adicionales por más de seis billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares)».

– «Abuso absurdo» –

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó el decreto, lo tachó de «abuso absurdo» y considera que «disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares».

«Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas», manifestó en Twitter López, quien agregó que el Ejecutivo «tiene recursos distintos a los territoriales para dar liquidez a la economía».

En ese sentido, 85 congresistas de distintos partidos, desde el derechista Cambio Radical hasta el izquierdista Polo Democrático, enviaron una carta al presidente colombiano, Iván Duque, para que reforme el Decreto 444 y este no se haga «a expensas de los ingresos y ahorros de las entidades territoriales, que deben soportar enormes presiones fiscales como consecuencia de la crisis actual».

«Invitamos al Gobierno nacional a establecer claramente que en ningún momento los recursos canalizados en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental podrán ser utilizados para rescatar, financiar o aliviar al sector financiero, sino que serán invertidos en propósitos directamente asociados a la contención y mitigación de la pandemia COVID-19», dijeron.

– Son recursos para enfrentar el coronavirus –

Una de las personas que salió a defender el Decreto 444 fue el senador de izquierdas Gustavo Petro, a quien Duque le ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2018 y que argumentó que la medida «no quita recursos de las entidades territoriales y bien usado puede financiar el fortalecimiento de hospitales y ayuda social».

«Claro que el decreto 444 podría usarse mal; pero este es un instrumento para abordar la emergencia a partir de fortalecer la red hospitalaria y lo que se necesita. No puedo atacarlo», dijo en Twitter.

También respaldó la decisión el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien señaló que el Decreto 444 «se pudo redactar de mejor forma para evitar que algunos párrafos fueran sacados de contexto».

«Sin embargo, este no tienen por propósito darle recursos de los territorios a los bancos, sino enfrentar al coronavirus», sostuvo el alcalde.

Para enfrentar la pandemia, las autoridades colombianas suspendieron vuelos internacionales, cerraron las fronteras y paralizaron prácticamente todas las actividades en el país, con excepción de las consideradas esenciales.

Además, el país entrará este miércoles en una cuarentena obligatoria de 19 días que concluirá el 13 de abril, por orden del presidente Iván Duque