Defensoría peruana urge a Repsol y al Estado detener los impactos del derrame

La Defensoría del Pueblo de Perú demandó este viernes a Repsol y al Estado acciones inmediatas para detener los impactos ambientales y socioeconómicos del derrame de petróleo ocurrido hace justo tres meses, el pasado 15 de enero, en una refinería operada por la trasnacional española en el norte de Lima.

A través de un comunicado, el organismo autónomo alertó sobre la urgencia de acelerar la culminación de las acciones de limpieza de las zonas afectadas ya que, hasta la fecha, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como limpia.

Aunque Repsol informó que había terminado con las acciones de limpieza de crudo en 21 de las 46 playas identificadas como afectadas por el vertido de crudo, la Defensoría insistió en que corresponde a las autoridades verificar la información y emitir un pronunciamiento oficial al respecto.

«Resulta sumamente preocupante que aún no se haya concluido con la limpieza de las zonas marino-costeras afectadas, agravando dicha situación la identificación de zonas que presentan rastros de petróleo y no cuentan con personal para realizar dicha labor», sostuvo la institución.

La adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, precisó que hasta el momento se han identificado cerca de 900 especímenes muertos, inclusive de especies en peligro de extinción, tras mencionar que «mientras que no se logre la limpieza y la remediación de las zonas impactadas, continuarán reportándose playas y fauna silvestre afectadas».

Por otro lado, la Defensoría lamentó que, pasados tres meses desde el accidente, no se ha identificado aún la totalidad de actividades económicas afectadas por el derrame ni del impacto económico provocado en los vecinos de la zona, vulnerando el derecho al trabajo de quienes desarrollaban labores como pesca artesanal, acuicultura, turismo, comercio, transporte de mercaderías, entre otras.

Ante ello, reiteró al Gobierno la urgencia de liderar acciones destinadas a asegurar que todas estas personas reciban ayuda humanitaria, sin prejuicio de las compensaciones e indemnización que corresponde por parte de la empresa.

En marzo pasado, Repsol firmó un acuerdo con el Ejecutivo peruano mediante el cual se comprometió a entregar 3.000 soles (unos 805 dólares) como anticipo de indemnización a pescadores y comerciantes afectados por el vertido.

Hasta la fecha, el organismo público encargado de la fiscalización ambiental ya ha impuesto cinco multas a Repsol por un monto total de 2,3 millones de soles (unos 615.000 dólares) por haber incumplido 5 de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame, la limpieza, contención y reparación de hidrocarburos.

El derrame ocurrió el 15 de enero, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, en la provincia limeña del Callao.

En un primer momento, la compañía reportó que se trataba de una fuga de 0,16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el «oleaje anómalo» producido por una erupción volcánica en Tonga.

Pero, tres días después, elevó esa cifra a 6.000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10.400, aún menos de los 11.900 que estima el Gobierno peruano (1,9 millones de litros).

Tras el derrame, un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de Repsol, entre ellos su director ejecutivo en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.

Más tarde, también se ordenó el impedimento de salida del país por 15 meses para el director de Refino de Repsol, Carlos Paiva; el gerente de Producción de Repsol, José Marín Gómez; el gerente de Fiabilidad y Mantenimiento de la refinería La Pampilla, Roberto Wong; y el gerente de Tanques y Terminales, Sebastián Guzmán.