Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela tras la muerte por presuntas torturas del militar Rafael Acosta, detenido en ese centro acusado de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro.
«El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar la medida.
La sanción implica el bloqueo de todos los bienes y activos que la DGCIM tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro está comprometido a «poner fin al trato inhumano» del gobierno de Maduro hacia sus opositores, subrayó Mnunchin, citado en un comunicado.
Acosta murió el 29 de junio bajo custodia de la DGCIM. El capitán de corbeta de la Marina venezolana había sido arrestado el 21 de junio vinculado a un supuesto plan para matar a Maduro.
Dado por desaparecido durante una semana, fue presentado el 28 de junio ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde horas después falleció.
La muerte de Acosta «es solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos», dijo el Tesoro, señalando que el uso de la tortura por parte de la DGCIM ya fue detallado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como por la Organización de los Estados Americanos y la ONG Human Rights Watch.
Desde Caracas, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino, aplaudió las sanciones financieras de Estados Unidos contra la DGCIM.
«Trabajando en coordinación con nuestros aliados, estamos haciendo justicia ante la tortura y la persecución. Quienes ordenen, ejecuten y permitan violaciones a los Derechos Humanos deben saber que habrá consecuencias y que la opción es ponerse del lado de los venezolanos», dijo en Twitter.
Estados Unidos, que encabeza la presión internacional para sacar del poder a Maduro, cuyo gobierno considera ilegítimo, ha sancionado a decenas de funcionarios, exfuncionarios y entidades de Venezuela por corrupción, narcotráfico y abusos de los derechos humanos.
Sin embargo, el Tesoro enfatizó una vez más que las sanciones pueden levantarse si los afectados «toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el gobierno y combaten la corrupción en Venezuela»
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