Derogada la Constitución

La Constitución de un país se puede derogar o modificar cuando el pueblo mediante el voto aprueba una nueva  Constitución. También puede ocurrir que un golpe de Estado desconozca el texto constitucional. Esto son los dos mecanismos clásicos. Pero en Venezuela el gobierno de Maduro ha innovado con uno distinto a los dos anteriores y el mismo consiste en utilizar a la Sala Constitucional del TSJ para desconocer la Constitución vigente, usando para ello los Decretos de Emergencia Económica y los Estados de Excepción.

Los Estados de Excepción están claramente previstos en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución.  La ley es suficientemente clara cuando establece dos condiciones para la puesta en marcha de un Estado de Excepción. La primera es su consideración y aprobación de ese Estado de Excepción por parte de la Asamblea Nacional  y la segunda es el análisis de su constitucionalidad que lo determina el TSJ. Ello quiere decir que es en la Asamblea Nacional donde reside la aprobación o rechazo del Estado de Excepción, no en el TSJ.  El Gobierno de Maduro, violando la Constitución, da por aprobado el Estado de Excepción cuando el TSJ se pronuncia sobre su constitucionalidad, lo que obviamente es un frauda a la Constitución.

El 13 de septiembre vuelve el gobierno a emitir un Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción mediante el cual se desconocen potestades fundamentales de la Asamblea  Nacional en materia financiera. Así, en un tema tan delicado como el gasto público, se autoriza al gobierno a gastar fuera de la Ley de Presupuesto cualquier monto e igualmente el gobierno se podrá endeudar al país en moneda extranjera, sin que ello sea  aprobado por la Asamblea Nacional.

La información económica, aunque parcial permite evaluar negativamente el desempeño de la economía tras la aprobación de los sucesivos  Decretos de Emergencia dictados por Maduro a partir de enero de 2016. Así, la tasa de inflación que cerró en 185,0% en 2015, en lo que va de 2016, acumula un 450,0% de aumento. La economía que había caído 6,0% en 2015, en 2016, se calcula una contracción de 12,0%. En el lapso de vigencia de la emergencia económica, la escasez lejos de aliviarse ha empeorado. Todo esto tiene que ver con algo fundamental: Venezuela no requiere un Decreto de Emergencia, sino más bien un nuevo modelo económico  a ser aplicado por un nuevo gobierno. Si esta condición segaremos presenciando el deterioro de un país arruinado por el socialismo y cuya calidad de vida ha mermado sustancialmente.