El desplazamiento de personas por el repunte de la violencia en Colombia se disparó un 256% durante el primer semestre de este año, con respecto al mismo periodo de 2020, informó la Defensoría del Pueblo este martes.
Entre enero y junio 44.290 personas tuvieron que huir de sus hogares frente a 13.912 que se vieron forzadas a hacerlo en 2020, por cuenta del recrudecimiento de la violencia que siguió al proceso de paz de 2016 con la extinta guerrilla FARC, señaló el organismo estatal que vela por los derechos humanos.
Durante la presentación de las cifras, la Defensoría dijo que el fenómeno se acerca a los niveles de los años noventa, cuando los paramilitares avanzaron a sangre y fuego sobre las zonas guerrilleras en una espiral de violencia que a la postre convirtió a Colombia en el país con mayor desplazamiento interno en el mundo, según la ONU.
Estamos viendo «una situación igual o similar», dijo el jefe del organismo, Carlos Camargo.
Colombia atraviesa por un nuevo ciclo de violencia protagonizado por grupos armados que se disputan el control de los espacios y actividades que dejaron los exrebeldes de las FARC tras los acuerdos de paz.
En puntos alejados del país, donde sobre todo se impone el narcotráfico, los combates entre irregulares o con el ejército obligan a cientos de familias a huir en desplazamientos forzados masivos, explicó la Defensoría.
Los departamentos más castigados por este fenómeno son algunos de los que se encuentran cerca de Ecuador: Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Le siguen Chocó y Antioquia, así como Norte de Santander y Arauca, estos dos últimos en los límites con Venezuela.
Disidentes que se marginaron del acuerdo de paz, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de origen paramilitar se disputan miles de hectáreas de narcocultivos y las rutas para la salida de la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, principalmente.
No obstante la persecución a las drogas por cinco décadas, Colombia es el principal exportador mundial de cocaína. Los grupos armados también se pelean por las rentas derivadas de la explotación ilegal de oro.
Otro fenómeno que preocupa a la Defensoría es el de los confinamientos de poblaciones por cuenta del conflicto interno.
Unas 36.101 personas, en su mayoría negros e indígenas, se vieron forzados a permanecer en sus comunidades en el primer semestre de 2021, para proteger sus vidas y evitar el reclutamiento forzado de menores y las minas antipersonales.
A lo largo de seis décadas de conflicto, alrededor de ocho millones de personas han sido desplazadas, lo que representa el 16% de la población actual del país (50 millones), según el registro estatal de víctimas.
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