Deuda en default superará los $17.000 millones al cierre de 2019

Venezuela terminará 2019 con una deuda en default de 17.048 millones de dólares, y con un nivel de riesgo país que podría superar los 30.000 puntos, si se considera que en el último mes este indicador ha aumentado en 7.161 enteros, que representan una escalada porcentual de 56,56%, niveles difícilmente vistos en una economía no devastada por un conflicto bélico.

De acuerdo con los cálculos de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, Venezuela acumuló pasivos impagos por 12.188 millones de dólares al mes de septiembre pasado, de los cuales 1.329 millones corresponden a 2017; 7.710 millones a 2018; y 3.149 millones en los tres trimestres de 2019.

En lo que resta del año, el país debe pagar 4.860 millones de dólares, de los cuales el grueso se vence este mes de octubre y suma una cifra de 4.094 millones y que incluyen los 913 millones del Bono Pdvsa 2020, el único instrumento pasivo del país que no está en situación de default, pero lo estará irremisiblemente, ya que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, decidió que este pasivo es ilegal y, por lo tanto, nulo.

Lo cierto es que Venezuela ya tenía problemas de acceso al mercado financiero internacional antes de que Estados Unidos aplicara sanciones generales contra el gobierno de Nicolás Maduro, debido al elevado costo financiero que significaba emitir deuda, por lo que desde 2016 el único crédito externo del país se concretó a través de préstamos gobierno a gobierno de Rusia y China, que ahora significan pesadas losas sobre los precarios ingresos petroleros que el país puede obtener con la industria bloqueada.

De hecho, con Rusia quedan pasivos pendientes, pagaderos con exportaciones de crudo, por alrededor de 3.000 millones de dólares, mientras que la economista Beatriz de Majo, en un artículo reciente, estima los compromisos pendientes con China en 19.000 millones de dólares.

La Asamblea Nacional calcula la deuda total de la República en una cifra que oscila entre 120.000 y 160.000 millones –más de 230 puntos del PIB-, la cual, en un escenario de transición liderado por la oposición al chavismo en el poder, sería renegociada de manera integral, incluyendo los compromisos comerciales por divisas aprobadas y no liquidadas, además de por las expropiaciones de empresas.

En su Informe de Perspectivas de III Trimestre, Aristimuño Herrera & Asociados que la situación de activos críticos de la República en el exterior luce crítica, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) ha emitido resoluciones que permiten las reclamaciones y la ejecución de garantías a los acreedores estadounidenses y extranjeros.

La posibilidad de que estos pasivos se renegocien en el corto plazo es nula, debido a la situación de completo desorden institucional en la que se encuentra el país.

Por un lado, el gobierno de Maduro es desconocido por Europa y Estados Unidos, lo que impide que pueda negociar de manera fluida cualquier convenio, mientras que la administración del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no controla las finanzas del país, de manera que tampoco tiene una posición cómoda para iniciar un proceso de negociación general; sin embargo, es la única que puede actuar con alguna perspectiva de éxito en temas críticos, como el de Citgo.