#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
El asesor financiero internacional, Jorge Piedrahita, dijo a Banca y Negocios que aún con acuerdo político, renegociación de deuda será compleja.
La deuda expresada en bonos de Venezuela ya alcanza los 100.000 millones de dólares si se suman los 60.000 millones en capital en títulos emitidos por la República y PDVSA, además de aproximadamente 40.000 millones de dólares acumulados en intereses vencidos y contando, porque la situación de default se mantiene.
A juicio del asesor financiero internacional, Jorge Piedrahita, la renegociación de esta deuda será un proceso complejo que, aún en el escenario de que se produzca un acuerdo político entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos o un cambio de gobierno en el país, tardaría no menos de tres años en iniciarse.
En entrevista exclusiva con Banca y Negocios, Piedrahita dijo que los inversionistas están buscando fórmulas para gestionar sus carteras de bonos venezolanos, no solo porque se cotizan a precios ínfimos, sino porque se tiene la percepción de que una eventual renegociación tendrá un descuento importante del monto a liquidar.
«Soy uno de los que insisto en que la quita va a ser alta, porque nadie puede esperar que un país en la condición de Venezuela pague esa cantidad y, además, no sería moralmente aceptable», señala el experto.
– ¿Concretamente, de cuánto sería ese descuento?
– Siendo realista, yo diría que entre 80% y 90% del total, porque si bien la gente tiene esta idea de la Venezuela rica, la verdad es que la real riqueza de Venezuela está en el subsuelo y hay que invertir un monto elevadísimo de recursos, como pocas veces en la historia de la región, para darle un nuevo comienzo a la economía venezolana. Así que va a tener que acordarse una quita, y el mercado tiene que asumirlo.
– Usted ve una renegociación compleja. ¿Cómo sería ese proceso?
– En el mejor de los casos, asumiendo que haya un entendimiento político o un cambio de gobierno, y que eso pase en 2024, aún en ese caso, yo diría que estamos a no menos de tres años para que exista una negociación formal, porque incluso si hubiera un cambio de gobierno, la deuda no es una prioridad de corto plazo.
«Ese gobierno tendría que enfrentar otros temas prioritarios, como la crisis humanitaria, la falta de insumos para atender la salud, grandes necesidades de actualizar la infraestructura básica, seguridad, reordenamiento de la economía, un nuevo pacto jurídico que implica reformas de leyes, ordenar las estadísticas, y esas cosas llevan tiempo», enumera Piedrahita.
Jorge Piedrahita es economista de la Universidad de Buenos Aires, con un MBA en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Es CEO de Gear Capital Partners y fue cofundador de Torino Capital. Es asesor financiero internacional y ha prestado servicios de consultoría para inversionistas institucionales en países como Argentina y Venezuela.
«Argentina en 1989, cuando salió de la hiperinflación y posteriormente (Domingo) Cavallo estabilizó la economía hubo un período de un año de ordenamiento. Alguien tiene que hacer estas tareas que son muy ingratas. Van a haber muchos pasos que hay que cumplir en el caso de Venezuela, porque un tema no menor es el caso de la auditoría, porque van a aparecer papeles firmados por las personas que debían firmarlos, pero que no son legítimos», advierte el experto.
– Volvamos a la quita. ¿Todos los tenedores estarían obligados a asumir un descuento tan grande?
– Si alguien no está contento con una quita tan grande puede quedarse con su papel y esperar. Quienes quieren recuperar un valor mayor de su capital puede tener acceso a un plan de gestión que puede aprovechar oportunidades que van surgiendo en el proceso.
– ¿Cómo cuáles?
– Por ejemplo, ofertas de recompra de deuda a un tipo de cambio preferencial, participar en una inversión específica vía canje propuesta por el gobierno, y los swaps de deuda por equity -una opción que se podría ensayar en Venezuela-, que consiste en venta de empresas donde se llama a varios compradores para que compitan y en el proceso se pueden aceptar los bonos como parte de pago.
En el mejor de los casos, asumiendo que haya un entendimiento político o un cambio de gobierno, y que eso pase en 2024, aún en ese caso, yo diría que estamos a no menos de tres años para que exista una negociación formal: Jorge Piedrahita.
Comprar deuda venezolana: ¿Un buen negocio?
– Han surgido fondos que están armando carteras con bonos venezolanos a la espera de que pase algo que permita renegociar. ¿Cuál es realmente el negocio de este tipo de fondos?
– Existen dos modalidades para hacer negocios con bonos de este tipo. Alguien pone el dinero en efectivo y compra un bono y alguien que tiene bonos los vende a un fondo y suscribe acciones. Estos son negocios donde es muy importante la economía de escala, porque el gobierno no se va a sentar con cada uno de los bonistas. Además, estas carteras necesitan gestión, porque hay oportunidades de arbitrajes que permiten obtener rentabilidad.
«¿Qué ganan los tenedores? Participar en posibles estrategias de inversión como actor institucional, con asesoría profesional y experta, tener una mejor gestión de sus activos con un grupo que tiene experiencia en estos temas. Creo que con bastante convicción que un fondo puede ofrecer un nivel de recuperación de capital bastante superior a la oferta que haga el gobierno», sostiene Piedrahita.
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El analista señala que «para hacer esto hay una serie de prerrequisitos, uno de ellos es que los derechos legales sobre los bonos no expiren, por eso en algún momento tal vez se deba presentar una demanda, porque la sentencia se convierte en un activo, que ya no es el bono, y una sentencia tiene unas características en términos prácticos superiores a los del bono a nivel legal».
En abril pasado, se presentó en Venezuela la opción del Copernico Recovery Fund («CRF»), gestionado por Copernico Capital Partners en acuerdo con la consultora venezolana NTN Consultores, en función de ofrecer este tipo de estrategias de gestión de cartera.
Acuerdo con Estados Unidos: sin mucho optimismo
A juicio de Jorge Piedrahita, asesor financiero con conexiones importantes en Estados Unidos, existen diferencias entre contactos y negociaciones; es decir, pese a que se mantienen contactos entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, en este momento «cualquier proceso de negociación está detenido».
El experto sostiene que la administración de Joe Biden, que enfrenta el reto de conseguir un segundo período en 2024, tiene «límites» para negociar con Maduro, porque la oposición venezolana luce debilitada y el gobierno del presidente Nicolás Maduro no termina de hacer concesiones concretas en el plano político.
La incertidumbre propia de un proceso electoral es una situación que afecta las decisiones tanto en Venezuela como en Estados Unidos. «La posibilidad de un gobierno republicano genera más complicaciones para que Estados Unidos alcance acuerdos», sostiene Piedrahita.
«Los tenedores deberían moverse para demandar y obtener sentencias que desconozcan esta separación corporativa, mientras la oposición debería organizarse para no seguir perdiendo flexibilidad en la negociación cuando esta sea posible»: Jorge Piedrahita.
El período de prescripción de los bonos
Recientemente, los integrantes de la Asamblea Nacional 2015, un grupo de exparlamentarios opositores al chavismo que reivindica la condición de parlamento legítimo, la cual es reconocida por el gobierno de Estados Unidos aprobó una prórroga unilateral del período de prescripción legal de los bonos de PDVSA y la República en default.
A juicio del asesor financiero Jorge Piedrahita esta resolución tiene bemoles no necesariamente menores.
«Esa es una situación que tenía tiempo en desarrollo, porque hubo mucha acción de lobby de algunos grupos, y sacaron esa decisión de extender los plazos de prescripción legal. Lo primero es que bajo la Constitución venezolana la Asamblea Nacional no es claro que tenga las competencias para tomar una decisión de este tipo», inicia la ronda de cuestionamientos el experto.
«Esto presenta un problema, porque la situación política de la Asamblea Nacional pudiera cambiar y se podría determinar que lo hecho por este parlamento no tiene validez», apunta.
– ¿Qué implicaciones concretas tiene haber extendido unilateralmente, más allá del debate sobre si este parlamento tiene o no competencia o entidad para hacerlo, el plazo de prescripción legal de los bonos?
– Está el asunto de la tesis del alter ego, ya que se han tomado decisiones legales que suponen que PDVSA y la República constituyen entes equivalentes, porque no se respeta la separación corporativa y eso añade costos a la oposición, porque permite sentencias que obligan a la República a asumir deuda de PDVSA como si fuese propia.
«Para estar claros, nadie debería esperar cobrar de acuerdo con las sentencias. Inevitablemente habrá negociación, pero tener bonos abre oportunidades que se pudieran presentar en el proceso de renegociación; por ejemplo, uno podría usar los bonos de PDVSA para comprar acciones de CANTV. Aquí hay un tema de tiempo, porque si la oposición se organizara en realidad, esa separación corporativa debería existir y esas sentencias se dejarían de emitir», explica Piedrahita.
En resumen: «los tenedores deberían moverse para demandar y obtener sentencias que desconozcan esta separación corporativa, mientras la oposición debería organizarse para no seguir perdiendo flexibilidad en la negociación cuando esta sea posible».
Además, Piedrahita está sorprendido porque la decisión no incluye condiciones, lo que no parece adecuado. «Cuando uno emite un contrato de esta naturaleza, beneficia a tenedores que no deberían verse beneficiados, como personas sancionadas por la OFAC, gente que haya adquirido papeles con fondos provenientes de actos de corrupción, etcétera. Yo entiendo la razón de la Asamblea Nacional al hacer este movimiento, pero ha debido hacerse un mejor análisis».
– Si este parlamento no hubiera hecho nada, el Estado podría pagar cinco centavos y el tenedor tiene las dos opciones de no recibir nada o cobrar los cinco centavos, porque el emisor podría pagar para mejorar su situación internacional, por ejemplo. Por eso digo que dejar correr la prescripción hace del problema de la deuda más pequeño desde el punto de vista del emisor, porque gana poder de negociación y hasta podría decidir no pagar nada, advierte.
– Ahora, lo cierto es que la AN 2015 no puede renegociar nada. Eso lo va a tener que hacer Maduro, porque es quien controla el fisco y ejerce el gobierno en Venezuela. Entonces, ¿Cómo afecta esta prórroga de la prescripción legal al Gobierno venezolano?
– Estos bonos son emitidos bajo la ley del estado de Nueva York y, ya que el gobierno de Estados Unidos creó esta ficción de reconocer a un gobierno interino, lo cierto es que Nicolás Maduro no tiene ningún reconocimiento legal, por lo que hay una imposibilidad práctica de iniciar un proceso de renegociación en el corto plazo. Se necesita un acuerdo político que abra una salida, porque esta Asamblea Nacional opositora no tiene ninguna capacidad para hacer nada práctico en este sentido, porque no maneja recursos para avalar ningún compromiso de pago, aunque sí tiene la capacidad legal.
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