Diputado sostiene que la "Tasa Tobin" venezolana es desproporcionada y plantea una aplicación progresiva

El diputado Pedro José Rojas, miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y Secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática (AD), calificó la aplicación del impuesto a las transacciones con moneda extranjera y criptomonedas distintas al Petro como una versión local de la denominada Tasa Tobin, que rige en algunos países europeos y latinoamericanos.

En este sentido, Rojas sostiene que la Tasa Tobin a la venezolana es, en primer lugar, un impuesto desproporcionado, porque no debería tener una alícuota superior a 1,5%.

El parlamentario señala que «en mi criterio es contraproducente en esta realidad económica inflacionaria y sin confianza, y es el planteamiento que esta tasa no se debe usar para la cobertura del déficit; el promedio aplicable debiese ir de un 0,5% hasta un 1.5% que es muchísimo y no hasta 20% así sea como techo», explicó al fijar posición sobre la sanción parlamentaria de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Rojas sostiene que, aunque está de acuerdo con la idea de defender al bolívar como signo monetario nacional, esta decisión de carácter eminentemente fiscalista, tendría, al menos, cuatro efectos nocivos en la economía venezolana:

– Una caída en el volumen de contrataciones.

– Estimularía la salida de los capitales foráneos que quedan en el país y de los fondos de nacionales en moneda extranjera, por el alto costo de las transacciones.

– La disminución de la recaudación fiscal en términos efectivos.

– «yo sumaría el aumento del mercado negro de divisas, por ende el aumento del interés como solución para la rentabilidad de entidades financieras», señala el parlamentario.

La aplicación de modelos de la denominada Tasa Tobin, creada por el economista estadounidense James Tobin en 1971, cuando era profesor de la Universidad de Princeton, como un mecanismo para amortiguar la volatilidad de los mercados cambiarios y cuya recaudación ha sido replanteada como acumulación de fondos para fines sociales, ha sido ampliamente estudiada por instituciones como el BBVA, un trabajo en el que se apoya Rojas para cuestionar la adopción de este impuesto.

Como alternativa, el diputado Pedro José Rojas plantea una adopción progresiva. «Quizás, la vía más efectiva sería iniciar en un 1.5% y evaluar anualmente cómo reacciona la economía frente a esto y que sea de manera progresiva el incremento de la misma en favor de la defensa del Bolívar, que en eso estamos todos de acuerdo», sostiene.

– Pulverizar la productividad –

El parlamentario adeco manifestó su preocupación por la estrategia fiscal que en general ha adoptado el gobierno, puesto que, en su opinión, «pulverizaría la poca actividad productiva privada que queda en el país».

Reitera que el impuesto a las transacciones en divisas se utiliza en España, Francia, Bélgica e Italia, estados miembros de la Unión Europea, así como en Brasil, Argentina y Colombia, pero en ningún caso la alícuota sobrepasa el 1,5%, mientras que en Venezuela arranca en 3% y la norma plantea la posibilidad de elevarla a 20%.

En consecuencia, la reforma «muestra una voracidad fiscal impresionante que puede producir es una desinversión en sectores que urgen de ella» y, además, «el uso o no de la moneda nacional no se incrementa con medidas fiscalistas sino generando confianza en la conducción económica. Con una inflación de tres dígitos de poco sirve esta propuesta».

– Cuestionamientos a las exenciones –

El diputado Pedro José Rojas hace cuestionamientos específicos a las exenciones previstas en la reforma, las cuales califica de ineficientes y poco transparentes.

Por ejemplo, considera que la exención de las operaciones de transferencia entre cuentas, siempre que estas tengan un único titular, no tiene sentido, porque «es práctica usual la presencia de más de un titular, generalmente familia entre sí, en las distintas modalidades, particularmente en cuentas bancarias cuyos titulares son integrantes de la tercera edad».

Además, «no se entiende porqué no se incluye en las excepciones a las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (entre ellas las ONG’s) cuyo ámbito de actuación sea el sector salud, educativo o deportivo. Nótese que se ‘premia’ la especulación bursátil (numeral 6), se apoya el rendimiento de capital y ¿entonces se niega el trabajo social?»

Por otra parte, Rojas pone su acento crítico en la exoneración permitida de «sujetos» determinados, cuando las exenciones deben beneficiar a «segmentos o sectores de la economía, esa es la tendencia más sana en política fiscal. Lo contrario, como se propone, pone en tela de juicio la equidad y transparencia necesaria propia de la justicia fiscal».

El diputado Rojas, integrante de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, se suma a la crítica que plantea que las alícuotas, aparte de ser extremadamente elevadas, se determinan con mucha flexibilidad en la norma, lo que deja al Ejecutivo un amplio espacio para modificarlas en función del tamaño del déficit fiscal, una prerrogativa que genera incertidumbre en los agentes económicos y que, según el consenso de los juristas que han opinado sobre la reforma, es una práctica inconstitucional.