DirecTV: Gerentes detenidos se desmarcan de decisión de AT&T

Héctor Rivero, ex gerente general; Rodolfo Carrano, ex vicepresidente comercial; y Carlos Villamizar, ex vicepresidente de Estrategia, quien se puso a la orden del Sebin, insisten en desmarcarse de la decisión del cese de operaciones de DirecTV en Venezuela, una decisión por la que están detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

Villamizar hizo circular un video donde aclaró que ellos también son víctimas por el cierre de Galaxy Entertainment Venezuela, filial de AT&T responsable de Directv, porque se quedaron sin sustento de un momento a otro y son padres de familia.

La medida unilateral de AT&T afectó a más de 600 trabajadores, y de acuerdo con el testimonio de Villamizar fue producto de las presiones que la corporación estadounidense recibió del gobierno de EEUU.

Villamizar manifiesta que, en todo momento, la actuación de la gerencia local fue eminentemente profesional y focalizada en prestar el mejor servicio a más de 2 millones de suscriptores.

Por otra parte, ante la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, con carácter cautelar, el abogado Jesús Loretto, en representación de los ejecutivos detenidos, presentó un recurso de amparo ante el mismo TSJ, para que quede constancia de su absoluto desconocimiento de la decisión tomada por AT&T, la cual fue ejecutada directamente por empleados de la estadounidense.

Villamizar, asistido por Loretto, se presentó ante el Ministerio Público para dejar también sentado ante el despacho del Tarek William Saab, que él no tuvo nada que ver con el cese de operaciones y, en su condición de inocente, se ponía a disposición de los organismos jurisdiccionales, con la confianza de que en el país exista justicia.

Como se recordará, luego del cese intempestivo de las operaciones de DirecTV, el TSj procedió a ordenar la reactivación inmediata de los servicios y a declarar la incautación cautelar de equipos y sistemas. La instrucción, obviamente, no fue cumplida y uno de los argumentos de defensa de los ejecutivos presos es que ellos no podían ordenar su ejecución.