Disputa por el oro del BoE: Gobierno británico confirma reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela

El gobierno británico reiteró oficialmente que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, una medida destinada a anular una solicitud del Banco Central venezolano que responde a la autoridad de Nicolás Maduro para repatriar casi 1.000 millones de dólares de su oro almacenado en Londres.

Los equipos legales que representan a Maduro y a Guaido estarán el lunes en el Tribunal Supremo del Reino Unido en la última etapa de un largo «tira y afloja» sobre estos lingotes, cuyo valor se supone equivalente a alrededor del 15% de las reservas de divisas de Venezuela.

Los abogados que representan al BCV dicen que la venta del oro financiaría la respuesta a la pandemia del coronavirus y reforzaría un sistema de salud destruido por más de seis años de crisis económica.

El Banco de Inglaterra, cuyas bóvedas albergan el oro, se ha negado a liberarlo; sin embargo, después de que el gobierno británico a principios de 2019 se uniera a decenas de otros países en el apoyo a Guaidó, sobre la base de que la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del año anterior estaba amañada.

«El Gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el Gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en un comunicado, tras haber sido invitado por el Tribunal Supremo a aclarar su posición antes del caso del lunes.

«Él (Guaidó) es el único individuo al que se le reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como su jefe de Estado«, añadió un portavoz del Foreign Office, que dijo que el país sudamericano necesitaba «una transición pacífica a la democracia», según una nota publicada la noche del domingo 18 de julio por la agencia Reuters.

La disputa por el oro comenzó en mayo de 2018, cuando Maduro se aseguró la reelección en una votación que la principal coalición opositora boicoteó y calificó de farsa. Después, Boris Johnson, entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, dijo: «Puede que tengamos que apretar el tornillo económico a Venezuela».

Preocupado por las crecientes sanciones contra el gobierno de Maduro, el Banco Central de Venezuela (BCV) dijo al Banco de Inglaterra (BoE) que quería traer a casa 14 toneladas de oro que tenía almacenadas allí.

Alrededor de finales de 2018, Calixto Ortega, el presidente del BCV, viajó a Londres para discutir el asunto con los funcionarios del BoE, según Sarosh Zaiwalla, un abogado basado en Londres que representa al BCV, pero le dijeron a Ortega que había un problema con su autoridad.

En febrero, Gran Bretaña se unió a docenas de otros países para respaldar la reclamación de Guaidó de ser el presidente legítimo. En abril, el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al BCV, alegando que Maduro lo estaba utilizando para «saquear» los activos venezolanos para «enriquecer a los corruptos».

Antes de las sanciones, Venezuela pagó varias transacciones de intercambio de oro que el BCV había acordado con el Deutsche Bank  en años anteriores, dijeron fuentes conocedoras del acuerdo. El resultado fue que 17 toneladas de oro que se encontraban en las bóvedas del BOE volvieron a estar bajo el control del BCV, lo que elevó sus posesiones a 31 toneladas, aproximadamente una cuarta parte de las reservas totales de oro de Venezuela.

Las sanciones provocaron entonces la terminación anticipada de otros swaps de oro realizados entre el BCV y el Deutsche Bank, liberando más oro para el BCV, según una cronología presentada en casos judiciales anteriores por el equipo legal de Guaidó.

El equipo de Guaidó pidió a los tribunales británicos que determinaran quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro.

La Unión Europea, que Gran Bretaña abandonó formalmente a principios de año, dijo en enero que ya no podía reconocer legalmente a Guaidó como presidente de Venezuela después de que éste perdiera su puesto como jefe del parlamento, tras las elecciones legislativas de diciembre, a pesar de que la UE no reconoció esa votación.