Dolarización: Precio del paralelo subió 7.584,93% y el oficial 7.205,28% al cierre de 2019

En el año de la dolarización en Venezuela, el precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo aumentó 7.584,93%, lo que significa que el tipo de cambio no oficial se devaluó 98,70% al cierre del año que recién culminó.

Por su parte, en el mercado oficial, la variación del precio nominal fue de 7.205,28%, y la devaluación se ubició en 98,63%.

En 2019, se mantuvo el control de cambio vigente desde 2003; sin embargo, la escasez de bienes básicos, por la caída histórica del aparato productivo y de las importaciones, con el añadido de las sanciones financieras estadounidenses, que incluyen bloqueos contra las operaciones de Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV), forzaron modificaciones radicales.

Ya en 2018 el gobierno de Nicolás Maduro había reconocido implícitamente que el régimen cerrado no funcionaba, por lo que decidió crear las condiciones para que se estableciera un mercado privado de divisas, sin participación de entidades públicas. En este sentido, derogó el régimen legal de ilícitos cambiarios en agosto del año antepasado, y aprobó el Convenio Cambiario N° 1, el 7 de septiembre.

Este convenio cambiario establece la «libre convertibilidad» -la cual debe entenderse como libre circulación- de la moneda nacional, y luego de que el ente emisor fue sancionado por el Departamento del Tesoro, se creó, a partir del 14 de mayo de 2019, el sistema de mesas cambiarias, en el cual la banca cumple el rol de intermediario en un mercado de divisas privadas, en sustitución del Dicom, un mercado de subasta manejado por el BCV.

La lógica que había prevalecido detrás de la estrategia de control cambiario es que mientras el Estado produjera 97% de las divisas, a través de la actividad petrolera, el gobierno tenía el derecho de concentrar absolutamente el suministro, y así lo hizo desde 2003, con el establecimiento de un sistema de distribución discrecional y a precios preferenciales que, según datos de la ONG Transparencia Venezuela, dio origen a un esquema de corrupción que, por diferentes vías, generó un daño patrimonial a la República de más de 55.000 millones de dólares.

Luego de que la renta petrolera se fue extinguiendo en la práctica, y las condiciones económicas y sociales del país se fueron deteriorando agresivamente, el gobierno de Maduro aceptó que hubiera un mercado abierto para el sector privado, lo que creó el caldo de cultivo para la dolarización que se hizo patente en el país desde el primer mega apagón del año, ocurrido en marzo pasado, ya que colapsó en un alto grado el sistema de medios de pago.

Como ya había una pertinaz escasez de bolívares en efectivo, los dólares acumulados se fueron haciendo presentes en la economía, mientras las autoridades miraban hacia otro lado. En diciembre, el mandatario Nicolás Maduro asumió que la dolarización era un proceso natural de «auto regulación» de la economía y dio gracias a Dios por la existencia del fenómeno.

Fuentes del sector comercio señalan que en el país deben funcionar, en un cálculo conservador, alrededor de 8.000 bodegones; sin embargo, este formato basado en importaciones «puerta a puerta» sin controles ni cargas fiscales, está creciendo de manera exponencial, por lo que no hay manera de tener un cálculo claro.

Según la más reciente encuesta nacional de DatinCorp, este formato comercial, producto de la dolarización, absorbe 5% del comercio nacional y ya supera a la languideciente red de comercialización estatal, en proceso de privatización gracias a la conversación de la cadena de abastos Bicentenario en las tiendas CLAP.

– Lo que se mueve –

La firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados (AH&A) estima que la economía venezolana movió en 2019 una cifra de 3.600 millones de dólares, pero las exportaciones no petroleras del gobierno central -básicamente venta de oro y otros minerales- ascendieron a 9.860 millones, lo que dio margen financiero al Ejecutivo para moverse en un escenario de severas restricciones financieras.

AH&A estima que alrededor de 10% de este monto de compras externas fue dirigido a intervenir en el mercado cambiario, con el fin de evitar que el dólar paralelo se desbocara. En todo caso, en línea con una menor monetización del déficit fiscal y una aguda reducción del gasto público, el aumento del precio del dólar, tanto en el mercado oficial como en el paralelo, fue mucho menor a la variación de 2018.

En 2018, la variación del precio oficial del dólar fue superior a 265.000% , pero la pérdida de valor real del bolívar fue de 99,96%. La moneda nacional se sigue devaluando a tasas históricamente elevadas, lo que se traduce en una inviabilidad estructural que, aparentemente, la ha condenado a muerte.

– ¿Un nuevo arreglo monetario? –

El 2020 debe ser el momento para una reforma monetaria que puede ser histórica. Aparentemente, en el gobierno priva la idea de impulsar el Petro, un token criptográfico creado para tener una moneda convertible en un entorno presumiblemente no influido por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Al madurismo lo han seducido las ideas según las cuales las criptomonedas generarán un nuevo orden monetario no centralizado y cuya convertibilidad global se hará a través de pactos parciales, con valores que se fundarán en activos reales.

El Petro tiene un respaldo teórico en una producción de 30 millones de barriles de crudo y otros minerales; no obstante, ninguna porción de este respaldo hipotético constituye una reserva líquida.

Con esta «moneda», se pretende generar un sistema monetario dual, en una primera instancia, con el bolívar y el Petro como componentes formales, pero obviamente con el dólar como referente de valor real, por lo que la dolarización se profundizará a niveles que pueden alcanzar a entre 60% y 70% de las transacciones comerciales, con un mayor porcentaje de la población con acceso a la divisa estadounidense.

Algunos de los pasos fundamentales de ese eventual arreglo monetario como moneda convertible se han dado, como el establecimiento de la obligación de presentar la información contable en Petros. Las expectativas apuntan a que una parte de las remuneraciones de la Administración Pública y las pensiones se paguen en Petros, como mecanismo para estimular la circulación de este signo monetario.

Fuentes sindicales de la Administración Pública expresan dudas sobre este mecanismo. La inquietud fundamental es su convertibilidad en bolívares o dólares, ya que este no es un mecanismo directo, sino producto de un modelo de subasta que depende de la oferta y la demanda del token gubernamental, por lo que las exigencias salariales buscarán una dolarización de los convenios de trabajo.