Economía de Ecuador entre crisis, ajuste y fantasma de privatización

La economía ecuatoriana, que busca zafarse de un pasado anticíclico, deambula entre la incertidumbre de una crisis, un modelo de ajustes aplaudido por gremios empresariales y el fantasma de la privatización, al que temen sectores sociales y sindicales.

El Gobierno del presidente Lenín Moreno echó mano de medidas económicas, siempre impopulares, para recomponer la economía que, según han señalado portavoces del régimen, camina por la angosta cornisa de la crisis.

Dicha crisis, coinciden Gobierno y empresarios, la heredó Moreno de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), un economista al que achacan muchos de los problemas que afectan al país.

Moreno incluyó en su paquete de ajustes el incremento de los precios de las gasolinas «extra» y «ecopaís», de consumo masivo; así como de la «súper» (alto octano) y anunció el análisis al coste para el diesel, aunque no habrá incremento para el de transporte público y comercial terrestre autorizado.

Además, el Gobierno anunció un incremento de apenas 8 dólares al salario básico, que trepará en 2019 a 394 dólares mensuales, aumento considerado exiguo por los sindicatos que ya preparan protestas para enero próximo.

Para el académico Pablo Dávalos, es falso el argumento de la crisis económica esgrimida por el Gobierno de Moreno para justificar los ajustes, pues opina que los indicadores macroeconómicos oficiales no avalan dicha premisa.

Por ejemplo, dijo Dávalos a Efe, el Producto Interior Bruto (PBI) de Ecuador, sumadas importaciones, alcanza los 130.000 millones de dólares, una cifra que sustenta con creces el presupuesto del Estado, que llega a una cuarta parte de esa cuantía.

Además, según Dávalos, no se puede hablar de crisis cuando la economía no ha decrecido, cuando existe un excedente (unos 2.000 millones de dólares) de ingresos por exportaciones petroleras y el crédito interno ha crecido en un 10%, respecto del año pasado.

«El concepto de crisis que maneja el Gobierno es ideológico» y podría esconder un interés para forzar eventuales concesiones y privatizaciones, añadió.

Además, criticó que Moreno -próximo a atravesar la mitad de su mandato-, use como «chivo expiatorio» la figura de su antecesor, para justificar sus decisiones.

No obstante, para el economista Daniel Legarda, ejecutivo de la Federación Nacional de Exportadores, ha sido justamente «el irresponsable manejo económico de los últimos diez años» en que gobernó Correa, el detonante de las medidas de ajuste.

Para Legarda, las decisiones del actual Gobierno «van en el sentido correcto», porque se dirigen a alcanzar «una economía que vaya caminando hacia la sensatez».

Sin embargo, las medidas deben profundizar una política dirigida a la reducción del gasto público, que se disparó durante el Gobierno de Correa, refirió Legarda a Efe.

Según él, «hay que dejar de lado los intereses mezquinos, sectorialistas y los viejos criterios sindicalistas que no responden a las demandas actuales de la población», para alcanzar el objetivo de una economía equilibrada.

De su lado, los sindicatos, que en principio apoyaron a Moreno y acudieron con gusto al diálogo convocado por el Gobierno, ahora le exigen que derogue la subida de los precios de los combustibles y desista de nuevos ajustes que terminan por perjudicar al pueblo.

«Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero no debe ser un diálogo de sordos», dijo a Efe José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, que prepara para enero acciones de protesta contra el Gobierno.

Para el líder sindical, la crisis del país la deben pagar quienes cree que se han beneficiado de las decisiones económicas, especialmente los empresarios y banqueros, que han reportado excelentes resultados en los últimos años y que, aún así, han pedido ayuda del Gobierno.

«El Gobierno ha dicho que es el Gobierno de los empresarios, pero le recordamos que es de todo el pueblo, de los 16 millones de ecuatorianos», por lo que no debería gobernar «sólo en favor de los empresarios», remarcó Villavicencio.

En su opinión, la subida del valor de las gasolinas provocará un efecto dominó que llegará pronto a los precios de productos de primera necesidad, lo que redundaría en la economía popular golpeada también por exiguo aumento salarial.