Economía y retroceso social, desafíos del nuevo gobierno brasileño

El presidente que los brasileños elijan el domingo tendrá que tomar las riendas de una economía que todavía se tambalea y poner en orden las cuentas de un país que en los últimos años ha visto de nuevo un crecimiento de la pobreza, dejando atrás una década de esplendor económico y avance social.

Las segunda vuelta de las elecciones la disputarán el ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en los sondeos, y el progresista Fernando Haddad, quienes proponen dos modelos antagónicos para recuperar una economía que crece a marcha lenta.

El producto interior bruto (PIB) de Brasil subió en 2017 1% después de dos años de profunda recesión y, según las previsiones de los analistas, el indicador cerrará 2018 con un aumento de alrededor 1,35%, menos de la mitad de los previsto hace apenas un año.

A las debilitadas previsiones de crecimiento se suman una cofres públicos carcomidos por años de mala gestión y corrupción, una elevada deuda pública (77,3% del PIB) y un desempleo que golpea las puertas de 12,7 millones de brasileños (12,1%).

Los datos reflejan la situación de un gigante que avanza con pies de barro en materia económica, en medio de una creciente desigualdad y un aumento del número de pobres, que saltó de 17,1 millones en 2014 a 23,3 millones en 2018.

Brasil dejó atrás su «época dorada», en la que disfrutó de una economía boyante y levantó la bandera de la lucha contra la miseria bajo el Gobierno del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en la cárcel por la corrupción que se desató mientras estuvo en el poder.

En una década el país consiguió sacar de la pobreza a 30 millones de personas con políticas públicas y programas de transferencia de renta como el Bolsa Familia, mientras los inversores extranjeros apostaban sus fichas en la mayor economía de Sudamérica y una ampliada clase media hacía girar la rueda del consumo.

Pero la situación se torció el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff y Brasil se sumergió entonces en la peor recesión económica de su historia (2015-2016), coincidiendo con una grave crisis política que desencadenó en la destitución de la ahijada política de Lula.

El poder lo asumió entonces su vicepresidente, Michel Temer, quien llevó adelante un paquete de medidas de austeridad para arreglar las maltrechas cuentas públicas, que en los últimos doce meses hasta agosto acumulan un déficit nominal de unos 503.000 millones de reales (unos 119.000 millones de euros).

Sin el apoyo del Congreso, Temer dejó en el tintero su proyecto estrella, la reforma del sistema de pensiones, un proyecto que los expertos consideran fundamental para el equilibrio fiscal y que los dos candidatos se han comprometido a discutir durante su Gobierno, aunque sin entrar en detalles.

Bolsonaro, guiado por su consejero económico, Paulo Guedes, ha prometido que si llega al poder pondrá en marcha una agenda liberal, con peso en las reformas y privatizaciones, mientras que Haddad garantiza ajustes fiscales más moderados, sin comprometer a las clases más desfavorecidas.

La agenda liberal del ultraderechista le ha servido para ganarse el apoyo de los inversores, que en los últimos años han expresado su animadversión al PT y han celebrado la ventaja del capitán de la reserva del Ejército, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985) y polémico por un historial de declaraciones machistas, racistas y homófobas.

Pero Bolsonaro, quien según los últimos sondeos vencerá las elecciones del domingo con cerca del 60 % de votos, también se ha comprometido a mantener algunos programas sociales y asegura que ampliará el programa Bolsa Familia, impulsado por Lula y el cual ofrece un subsidio de hasta 195 reales (unos 45 euros) para familias con baja renta.

En su programa electoral, Bolsonaro sugiere que el desequilibrio fiscal genera inflación y que el debate sobre las privatizaciones tiene como objetivo mejorar la distribución de renta en el país.

Su rival en las urnas, Fernando Haddad, ha reforzado por su parte el sello social que estuvo presente durante la gestión de Lula y que le valió el apoyo de los más pobres, especialmente en la región noreste del país.

Además del Bolsa Familia, el exministro de Educación defiende una reforma tributaria y bancaria, la exención del impuesto de renta para aquellos que viven con hasta cinco salarios mínimos y un aumento de la carga tributaria para los más ricos.